Un equipo de cinco fiscales, que incluye al instructor Diego Molina Pico, llevará adelante la acusación contra Carlos Carrascosa por el homicidio agravado de su esposa, María Marta García Belsunce. Así lo indicaron fuentes judiciales, que desmintieron de esta manera las versiones que aseguraban que Molina Pico iba a ser "dejado afuera" del juicio oral. El fiscal general de San Isidro, Julio Novo, decidió formar un equipo especial para encargarse del proceso. Los fiscales que integrarán la acusación son: John Broyard, Jorge Apolo, Diego Matías Grau, Diego Molina Pico y Lino Mirabelli. Molina Pico había sido separado de la causa, pero horas más tarde, esto fue desmentido en forma oficial. Molina Pico fue quien motorizó la investigación contra Carlos Carrascosa por el homicidio calificado de su mujer, ocurrido el 27 de octubre de 2002. La fecha fijada para el comienzo del debate es el 20 de febrero.
Coordinación
La procuradora general bonaerense, María del Carmen Falbo, se reunió esta semana con fiscales y ayudantes fiscales de la provincia especializados en el tema de estupefacientes. También estuvieron presentes funcionarios a cargo del laboratorio químico de Gendarmería Nacional que elaboran pericias y otros dictámenes técnicos, destinados a facilitar las investigaciones. Luego de la reunión, Falbo informó que el número de causas abiertas se duplicó a partir de que la justicia provincial comenzó a entender en los delitos vinculados a la droga, a fines de 2005. Asimismo, señaló que a partir de junio de 2006 se advierte un ostensible crecimiento del número de causas relacionadas al tráfico y comercialización de estupefacientes, por sobre los casos de tenencia para consumo personal. Por último, la Procuradora destacó que “lo que se busca con estos encuentros es la capacitación permanente, el intercambio de experiencias entre los diversos operadores del sistema, intentando evitar compartimentos estancos formados en el territorio de cada departamento judicial”.
Igualdad
Un magistrado de la ciudad santafesina de Rosario permitió la adopción de un chico de 19 por una pareja que no se encontraba unida por un matrimonio legalmente constituido. El magistrado entendió que la imposibilidad de adopción por parte de los que no están casados vulnera las libertades del individuo, por lo que declaró la inconstitucionalidad de los artículos 312, primer párrafo del Código Civil –que impide que una persona sea adoptada por más de una persona a la vez, salvo que estuvieran casados-, del artículo 337, inciso “d” del mismo plexo normativo –el cual impone la pena de nulidad a la adopción por más de una persona a menos que sean cónyuges-. La cuestión judicial se suscitó cuando el menor quiso cambiar su nombre biológico por el de quienes lo criaron desde bebé. Según el juez, es discriminatorio e irrazonable ligar la adopción al matrimonio.
Cinco siglos igual
Tras la visita a Bolivia del Comisionado Florentín Meléndez, relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, quien visitó la Penitenciaría de Chonchocorro (en El Alto), la Cárcel de San Pedro, y el Centro de Orientación Femenina Obrajes (ambas en La Paz), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su profunda preocupación por el elevado porcentaje de personas sin sentencia condenatoria que se encuentran privadas de la libertad en ese país (75% de los 7.682 internos). Asimismo, la Comisión resaltó que “las precarias condiciones de infraestructura, salubridad y seguridad carcelaria agravan más la situación de hacinamiento observado durante las visitas a la Cárcel de San Pedro y al Centro de Orientación Femenina Obrajes”. “La Comisión resalta que en la Cárcel de San Pedro, por ejemplo, el nivel de hacinamiento llega a aproximadamente 500% de la capacidad de ese penal”, informó este viernes un comunicado de la CIDH al que accedió este medio. Además, el organismo cuestionó “la ausencia de criterios de separación y clasificación de las personas privadas de libertad por categorías” e instó a los tres poderes “para que promuevan un diálogo y debate interinstitucional con vistas a remediar la situación de los derechos humanos de las personas privadas de libertad”.
Más presupuesto
Los jueces penales de Santiago del Estero le reclamaron al Superior Tribunal de Justicia (SJT) de la provincia más recursos humanos e informáticos. Lo hicieron durante un encuentro que mantuvieron este miércoles en el Palacio de Tribunales los miembros de la Sala Penal del STJ, Armando Lionel Suárez y Agustín Rimini Olmedo, con los nueve magistrados de las tres cámaras de Juicio Oral en lo Criminal y Correccional. Durante el encuentro también analizaron las causas más importantes del año y la presentación del informe anual vinculado a la conmutación de penas. Este último fue requerido por el Poder Ejecutivo tal como lo establece la Constitución provincial. También acordaron una reunión antes de fin de año con los jueces de primera instancia y fiscales.