El camarista Eduardo Luraschi presidirá la Cámara Federal durante 2007. Así lo resolvieron los integrantes del tribunal, quienes también votaron que la vicepresidencia primera esté a cargo de Martín Irurzun. El camarista Horacio Cattani, en tanto, será el vicepresidente segundo, además de presidir la Sala II de la Cámara. Según la acordada 116, la Sala I del tribunal estará presidida por Gabriel Cavallo.
Los nombres del nuevo Consejo
La Legislatura de la ciudad de Buenos Aires aprobó la designación de sus tres representantes en el Consejo de la Magistratura porteño. Pese a las diferencias internas entre algunos bloques, fueron nombrados el diputado Julio de Giovanni, la fiscal Teresa Moya y el abogado Mauricio Devoto (a instancias de Compromiso para el Cambio). Los suplentes serán Alfredo Carella (Frente para la Victoria); Claudia Neira (ARI) y Alejandro Itzkovich. Luego de superar el período de impugnaciones, los nuevos consejeros se le sumarán a los tres abogados elegidos hace pocos días (Eugenio Cozzi, Liliana Blassi y Juan Pablo Mas Vélez) y a los jueces. Según fuentes del Consejo, los nuevos integrantes jurarán el lunes 18 y asumirán un día más tarde. En tanto, el próximo jueves 7, jurará como nuevo consejero el juez en lo Contravencional Gustavo Letner, que reemplazará a Germán Garavano, propuesto por el gobierno de la Ciudad como Fiscal General.
Investigación
La Justicia Federal sobreseyó a seis militares que se encontraban imputados por la explosión en la Fábrica Militar de Río Tercero, ocurrida en 1995 y que dejó siete muertos. La medida, que aún no se encuentra firme, beneficia a los militares Jorge Cornejo Torino, Carlos Franke, Marcelo Diego Gatto, Oscar Quiroga, Edberto González de la Vega y Juan Carlos Villanueva. Todos ellos estaban acusados del delito de estrago doloso. La explosión en la Fábrica Militar de Río Tercero se produjo el 3 de noviembre de 1995. En el momento en que se produjo el incidente distintas hipótesis fueron analizadas por la justicia, pero la que logró un mayor grado de certeza fue la que sostuvo que la explosión fue producto de un sabotaje que tuvo tomo objetivo “disimular” los faltantes de proyectiles de los arsenales de la Fábrica Militar. La detonación provocó la muerte de siete personas y dejó cientos de heridos.
Subrogancias
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos designó a Gabriela Mastaglia como juez de la Sala I de la Cámara Segunda de Apelaciones Civil y Comercial, en reemplazo del jubilado César De Monte. Mastaglia se venía desempeñando como magistrada de primera instancia del fuero y será reemplazada por María Andrea Pereyra, secretaría del Juzgado Nº 8 en lo Civil y Comercial. Por otra parte, el STJ también designó a Cecilia Goyeneche como secretaria de la Procuración General de la provincia. Las designaciones son transitorias hasta tanto sean cubiertas por sus titulares, previo concursos de designación.
El Cromagnón paraguayo
Cientos de personas protagonizaron graves disturbios luego de escuchar parte de la sentencia del juicio contra los propietarios del shopping Ycuá Bolaños de Asunción, donde en agosto de 2004 murieron 364 personas en un incendio. Juan Pío Paiva y Víctor Paiva fueron condenados a 5 años de cárcel por homicidio culposo, en un juicio oral terminó con incidentes provocados por víctimas y familiares. Disconformes con la condena los manifestantes destrozaron la sede del Comando Logístico de las Fuerzas Armadas y estuvieron a un paso de incenciarla. Los jueces no pudieron terminar con la lectura de la sentencia y tuvieron que salir custodiados por la policía. El juicio había comenzado el 24 de julio pasado y, luego de escuchar a más de 170 testigos, dos de los magistrados concluyeron que no tenían pruebas suficientes de que haya existido una orden expresa de cerrar las puertas en pleno incendio para que la gente no saliera sin pagar. Los fiscales habían pedido una pena de 25 años por el delito de homicidio doloso y exposición de personas a lugares de trabajo peligrosos, mientras que otros cuatro socios de los Paiva estaban acusados de homicidio culposo. La presidente del tribunal María Doddy Báez, luego de anunciar que los jueces no habían podido fundamentar los fallos por ausencia de tiempo para cotejar las pruebas -lo que generó los primeros insultos- condenó a los Paiva y al custodio Areco por el delito de homicidio con dolo eventual. Cuando los otros dos miembros del tribunal, Manuel Aguirre y Elbio Ovelar, dictaron penas de homicidio culposo, estalló la furia y se produjeron los desmanes. Los fiscales dicen que iniciarán una investigación por una denuncia de soborno a los jueces que presuntamente ascendería a los 300.000 dólares.