Según datos oficiales, actualmente hay 24.481 personas privadas de libertad a cargo del Servicio Penitenciario Bonaerense, de las cuales sólo 4.157 están condenadas, mientras que 11.107 están detenidos sin sentencia (el 45%). Además, hay 492 personas que están sobreseídas, 6.346 con sentencia de primera instancia (26%) y 2.379 con resoluciones de segunda instancia (10%).
Entre los cambios propuestos por el gobierno bonaerense se destacan la necesidad de juicios cortos y con mayor eficiencia, que se traduce en una reestructuración en el sistema de recursos y un profundo cambio en los métodos de organizar y administrar el trabajo judicial, y la multiplicación de órganos de juzgamiento: los Tribunales Criminales conformados por tres jueces se convertirán en órganos unipersonales, logrando –según sus autores- la efectiva generalización de la oralidad plena, mayor cantidad de audiencias de juicio y más cercanas en el tiempo al momento en que el delito se cometió.
“Esta transformación triplicará la capacidad de celebración de audiencias, de 70 tribunales pasaremos a contar con 210 Tribunales unipersonales, previéndose el refuerzo en la composición del Ministerio Público. “Este aumento de tribunales se va a ver correspondido, y esto va a ser una erogación presupuestaria adicional, con el aumento de fiscales y defensores oficiales”, anticipó Solá. Como excepciones se juzgarán en Tribunal colegiado los delitos cuya pena prevista supere los 20 años de privación de libertad”, explica un informe al que tuvo acceso este medio.
También se suprimiría el recurso de casación por lo que se utilizaría un recurso amplio contra las sentencias definitivas ante las Cámaras de Apelaciones de cada Departamento Judicial. Las apelaciones de cuestiones incidentales (prisión preventiva, excarcelación, nulidades), en tanto, serán atendidas y resueltas en forma unipersonal por un integrante de la Cámara respectiva.
En cuanto a la organización, todos los jueces penales tendrán competencia rotativa para desempeñarse en cualquiera de las funciones que contempla el Código -juez de garantías, de juicio o de ejecución- según los determine la Suprema Corte de Justicia. “Esta flexibilización permitirá adecuar mejor los tiempos del sistema y garantizará un equilibrado reparto de la carga laboral, evitando que mientras algunos órganos se encuentren al borde de su capacidad, otros registren tiempos “muertos” u ociosos”, explica el informe.
Otro de los puntos importantes de la reforma es la Secretaria Administrativa de Gestión, que administrará las agendas de los jueces, fijando audiencias en el 75% de los días hábiles del año en una franja horaria de 8 a 17 hs. Y habrá un refuerzo de la estructura orgánica porque se incorporarán 45 nuevos jueces penales, 8 nuevas salas de apelación en los Departamentos que hoy cuentan con sala única y se cubrirán todas las vacantes en salas de apelación que actualmente se encuentran desintegradas.
Por último, y teniendo en cuenta los resultados que obtuvo en Mar del Plata, San Martín y Zárate Campana, se institucionalizará, mediante un proyecto de ley, el proceso de expansión del procedimiento de flagrancia al resto de la Provincia de Buenos Aires.
En su discurso de presentación, Solá se adelantó a las repercusiones del anuncio. Y dijo: "si de las propias filas del sistema judicial no surge un pleno convencimiento de la reforma no va a ser fácil aplicar esta propuesta ni ninguna otra, pero también sabemos que muchísimos magistrados, miembros de la Corte y personal de los distintos foros de la provincia que hemos consultado, y los abogados, están de acuerdo básicamente con esta reforma”.
Sin embargo, horas después de conocerse el anuncio, el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires manifestó “su preocupación y asombro” frente al anuncio del Poder Ejecutivo provincial. “Una vez más enfrentamos el riesgo cierto de que una causa inatacable -la necesidad de mejorar el desempeño del Poder Judicial, adecuando, sus órganos y procedimientos- fracase a manos de la improvisación y el apresuramiento”, dijo la entidad a través de un comunicado.
Además, los jueces aclararon que no fueron consultados y mostraron su preocupación por la catarata de nombramientos previstos. “La simple contrastación de los plazos anunciados para la puesta en marcha de la reforma con la realidad de los tiempos que demandan los nombramientos anunciados y las infraestructuras necesarias para su funcionamiento, denuncian de manera inequívoca la debilidad e inconsistencia del proyecto, que sólo parece tener como objetivo reivindicar para una gestión que termina la aventura de una modificación procesal”, dice el comunicado.