La Suprema Corte aprobó el proyecto de
Presupuesto 2007 para el Poder Judicial y solicitó $1.497.538.462. La definición llegó en el acuerdo del 6 de diciembre de 2006, pero recién se informó 48 horas después. El proyecto ya fue elevado a los Poderes Ejecutivo y Legislativo. Sin embargo, la pauta que se otorgará
apenas superaría los $1.200 millones. En 2006, la Justicia recibió $983 millones, más algunas ampliaciones presupuestarias.
El monto solicitado para 2007 surge de la suma de las partidas determinadas para la Administración de Justicia ($1.010.302.907), Ministerio Público ($419.235.555) y el crédito correspondiente a la Tasa Retributiva de Servicios Judiciales –Ley N° 11.594- ($68.000.000).
En los fundamentos de la resolución, la Suprema Corte señala que presenta el proyecto “con la firme convicción –y la secreta esperanza- de que sea la última vez que el Poder Judicial deba someter la aprobación de su presupuesto al Poder Ejecutivo”. “Es hora de que se conceda al Poder Judicial la
necesaria y suficiente autarquía presupuestaria. Así lo espero”, agregó al respecto el presidente de la Corte en una carta que le envió al gobernador Felipe Solá. .
Además, ahí se dice que el proyecto no se aparta “de la tradicional austeridad” que la Administración de Justicia tiene en materia de gastos y se pone de manifiesto “la honda preocupación por
el atraso que se observa en las remuneraciones” de los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial provincial. “También resulta particularmente delicada la situación en que se encuentran los Secretarios y los Auxiliares Letrados de las instancias ordinarias, con retribuciones harto magras para la responsabilidad de las tareas que cumplen”, expresaron los jueces.
Asimismo, la Resolución 2982/06 pone de relieve la problemática del mantenimiento edilicio e infraestructura. “Dicho mantenimiento (de la parte edilicia) no sólo está justificado por el transcurso del tiempo y el desgaste propio del uso, sino también por el crecimiento permanente que ha ido generando una sobrecarga y exigencias mayores en los distintos componentes integrantes de la estructura edilicia, el que no se puede desconocer”, afirmaron los jueces.
Y agregaron: “esta Administración, como única alternativa para paliar el déficit en materia edilicia se ha visto obligada a locar inmuebles, que en pocas circunstancias reúnen los requerimientos adecuados para el normal desenvolvimiento de las dependencias distribuidas en más de ciento noventa propiedades, generando una erogación superior a los $6.700.000 anuales, sin contar con que para poner en funcionamiento los órganos creados y a crear, se necesitaría alquilar aproximadamente igual número de nuevos inmuebles”.
Por último, la Corte consideró “inconveniente la previsión de gastos con carácter reservado en el ámbito del Poder Judicial”. Ello en referencia al proyecto de presupuesto de la Jurisdicción Auxiliar Ministerio Público elaborado por la Procuración General, donde se incluye $1.500.000 en concepto de “Gastos Reservados”.
dju / dju
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