”El motivo por el que se reciben más denuncias es de personas con discapacidad que se quejan del incumplimiento de las empresas de transporte público de las leyes vigentes”, expuso Lubertino en diálogo con Diariojudicial.com.
Por esa situación el INADI se comunicó con el Presidente Kirchner, el cual le encomendó al organismo un trabajo en conjunto con la ministro de Desarrollo Social y la Secretaría de Transporte.
La CNRT envió un informe en el cual se indicó que en los últimos años se duplicó la cantidad de colectivos aptos para el transporte de personas discapacitadas de las líneas urbanas e interurbanas, conformando así un 27% del total de las unidades.
La Comisión Nacional de Regulación del Transporte también explicó que en el año 2012 se llegaría al 100% de las unidades aptas para el transporte de personas con discapacidad, lo que alentó al INADI a proponer una posible colaboración económica del Estado mediante el área de planeamiento a fin de acelerar dichos cambios.
Lubertino también habló sobre las denuncias que han recibido por discriminación en boliches y discotecas. ”A partir del escandaloso caso de la Casona yo he encargado al área jurídica del INADI una investigación especial sobre el derecho de admisión.”
Comentó la titular del INADI que recibió una denuncia en la que se sostiene la inconstitucionalidad de la actual normativa del derecho de admisión propugnando una nueva legislación mucho más clara.
Continuó Lubertino afirmando que ”obviamente hay un trato discriminatorio en muchos negocios, en muchos boliches, en muchos clubes, en muchos countries, que no puede ser avalado por ninguna normativa generada por estos propios organismos”.
Consideró que establecer diferencias de trato –como por ejemplo el valor de una entrada- por el aspecto físico es una actividad claramente discriminatoria e ilícita que puede dar lugar a una indemnización.
Lubertino también explicó que el INADI está revisando la normativa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la de la Provincia de Buenos Aires sobre el derecho de admisión, restringiendo el ejercicio abusivo de ese derecho, sobre todo en aquellos lugares privados habilitados para el uso público.
Aclaró igualmente que no toda discriminación es negativa y afecta al principio de igualdad. Es decir, que para que la discriminación sea ilícita debe provocar una segregación o exclusión, una jerarquización de individuos iguales por valoraciones arbitrarias como por ejemplo el aspecto físico, raza, etnia, religión, edad, etc.
Adelantó también que serán revisadas las normativas internas de los countries y escuelas a fin de que no exista ninguna cláusula discriminatoria.