Por segunda vez en menos de dos semanas, los jueces bonaerenses salieron nuevamente a criticar la polémica reforma de la Justicia de la provincia de Buenos Aires, anunciada días atrás por el gobernador Felipe Solá. El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial bonaerense, se manifestó preocupado por “las connotaciones conceptuales liminares de los fundamentos del proyecto de Reforma del Código Procesal Penal”.
“Uno de los pilares de la justificación de la decisión de suprimir al Tribunal de Casación Penal reside en que el Ejecutivo no comparte los contenidos de las resoluciones que ha adoptado en ejercicio de su magistratura. Dicho en términos simples: el Poder Ejecutivo propone la eliminación de un órgano del Poder Judicial porque no le place lo que éste decide”, se lamentó el organismo a través de un comunicado.
Y agregó: “ESTA POSICIÓN NOS RETROTRAE A TIEMPOS ANTERIORES A LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA (la mayúscula es original del texto). Es más, la necesidad de poner coto a avances de naturaleza similar, fue lo que motivó la constitución de un sistema con equilibrio de poderes”.
La reforma fue presentada
el 5 de diciembre pasado. Horas después, el Colegio denunció que no había sido consultado y calificó el proyecto, que ya ingresó a la Legislatura, como “improvisado” y “apresurado”. Las críticas llegaron también desde los empleados judiciales. El gremio realizó la semana pasada una jornada de asambleas. Uno de los puntos de la convocatoria fue justamente la reforma judicial.
A pesar de su posición crítica, el Colegio aclaró que “quiere dejar a salvo” de los cuestionamientos al ministro de Justicia, Eduardo Di Rocco, y al subsecretario de la cartera, Carlos Martiarena, “ya que ellos ignoraban todo al respecto, como quedara evidenciado en la reunión que ambos mantuvieran con el Consejo Directivo de este Colegio, tres días antes de que sea elevado a la Legislatura y puesto en conocimiento de los medios de prensa”.
No obstante, cargó muy duro y decidió responderle públicamente al ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, Gerardo Otero, quien en un programa radial habría dicho “que el incremento del endeudamiento provincial se debe en buena medida a los fondos que deberán ser destinados a la reforma del fuero penal”.
“Las explicaciones del Sr. Otero para profundizar el quebranto de la economía provincial incrementan nuestro agravio y agudizan nuestra desazón: el Ejecutivo provincial no solamente carece de una política criminal real, sino que tampoco cuenta con una política económica fundada en bases serias. Profundizar el déficit económico para
empeorar (la negrita pertenece al texto original) el funcionamiento del Poder Judicial, es una política pública cuya comprensión nos excede”, dijo el organismo.
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