La decisión fue apoyada por siete consejeros: los legisladores nacionales de la UCR Federico Storani y Ernesto Sanz, los abogados Pablo Mosca y Santiago Montaña, los jueces Luis María Cabral y Luis María Bunge Campos, y el representante de los académicos, Mariano Candioti. Por su parte, el oficialismo, en un dictamen de minoría, se inclinó por suspender preventivamente al magistrado. Esta postura contó con los votos de los legisladores del Frente para la Victoria Diana Conti, María Laura Leguizamón y Nicolás Fernández y la representante del Poder Ejecutivo, Marcela Losardo. El juez Miguel Angel Gálvez y el diputado oficialista Carlos Kunkel estuvieron ausentes.
Estévez sobreseyó el 5 de diciembre a los seis militares imputados y dio por cerrada la investigación sobre la voladura de la fabrica militar de Córdoba, ocurrida el 3 de noviembre de 1995. Por esa resolución y, por otras dos causas conexas (una sobre supuestos ilícitos relacionados con material explosivo para utilizar en una pericia química y otra por haber procesado a dos policías por falso testimonio), el martes, el fiscal federal de la causa, Carlos Stornelli, lo denunció por mal desempeño y el Consejo lo citó para que haga su descargo.
Stornelli denunció que el juez falló “contrario a derecho mediante una incorrecta aplicación de las normas legales, en forma manifiestamente arbitraria”. Además, el fiscal consideró que Estévez hizo una “selectiva, parcial y tendenciosa valoración de las pruebas” y que produjo otras de manera paralela al proceso.
Ante el plenario del Consejo, Estévez defendió su actuación en la causa. “Considero haber hecho justicia al sobreseer a los imputados”, señaló el conjuez durante su declaración que duró aproximadamente una hora. Estévez, de 54 años, dijo haber hecho “una profunda investigación” y haber analizado todas las pruebas y rechazó tener vínculos con militares. Antes le había pedido al Consejo un plazo de 10 días para analizar las denuncias y preparar su defensa.
En relación a la información del sitio de internet Rincondelvago.com que usó para copiar en su sentencia la fórmula del trinitrotolueno (TNT), el conjuez dijo que era el mismo material disponible en otros libros y que le resultaba más útil copiar y pegar el material de la web en vez de transcribirlo. Cuando se le preguntó sobre porqué investigó las denuncias por falso testimonio en la misma causa y no las había girado a otro magistrado, dijo que tanto la Justicia provincial como la fiscalía le habían otorgado la competencia del caso.
Luego de escuchar al juez, el Consejo decidió deliberar a puertas cerradas, sin presencia de público. La consejera Conti señaló que el conjuez “desconoce absolutamente el derecho” y que “no lo aprobaría en un examen de Derecho Penal”.
La deliberación de los consejeros duró poco más de dos horas. Estévez esperó junto a su hermano la resolución del Consejo en una oficina contigua a la Sala de Audiencias del organismo y luego se ubicó en la cabecera de la mesa de reuniones para escuchar que las irregularidades que pesen en su contra serán investigadas por sus superiores de la Cámara Federal.
La resolución aprobada por la mayoría le remite a la Cámara Federal de Córdoba las denuncias contra Estévez “a fin de que en forma inmediata se avoque al conocimiento de las irregularidades” y “haga conocer a este Consejo su resolución antes del inicio de la feria anual”.
Por su parte, el oficialismo consideró que “la posible existencia de esta irregularidad (la investigación del falso testimonio) donde el juez asume competencia y jurisdicción en una causa para la que no había sido designado amerita por sí a este Consejo de la Magistratura actuar con celeridad sin que ello implique prejuzgamiento ni sanción” y se inclinó para que Estévez sea suspendido preventivamente hasta tanto la Cámara evalúe las denuncias en su contra.
Al finalizar el plenario, el presidente del Consejo, Pablo Mosca, dijo que “la Cámara tiene facultades reglamentarias para poder disponer el alejamiento del conjuez de la causa”. “Se observa una crisis del sistema de Justicia argentino porque estamos en presencia de una causa muy sensible a la sociedad argentina y 11 años para tratar de determinar quien fue el responsable de la problemática de Río Tercero es mucho tiempo”, concluyó Mosca.