El juez federal Sergio Torres solicitó a España la extradición del represor Ricardo Cavallo, detenido en ese país desde mediados de 2003. Cavallo está acusado de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar en la Escuela de Mecánica de la Armada. La Justicia española decidió la semana pasada que sean los tribunales argentinos quienes juzguen a Cavallo en virtud de la derogación de las leyes de obediencia Debida y Punto Final. El represor fue extraditado a España desde México, donde fue detenido en agosto de 2000.
Nueva dependencia
Los jueces Santiago Petracchi, Elena Highton de Nolasco, Juan Maqueda, Raúl Zaffaroni, Ricardo Lorenzetti y Carmen Argibay, integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, crearon mediante la Acordada 39/06 la Oficina de Violencia Doméstica. Esta iniciativa se había iniciado por la Acordada 33/06, en la cual se había confeccionado el anteproyecto del reglamento. Según fuentes del Máximo Tribunal, la Oficina tendrá las siguientes atribuciones: ”...ofrecer información en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires; recibir el relato de los afectados y labrar las actas correspondientes; informar sobre cursos de acción posibles y realizar, si fuera necesario, las derivaciones del caso; disponer la realización de exámenes médicos, psicológicos, psiquiátricos y/o sociales cuando fuera pertinente; realizar el seguimiento de los casos ingresados a la Oficina, la elaboración de estadísticas y realización de informes de evaluación de la dependencia y del fenómeno de la violencia doméstica...”. La iniciativa fue rechazada por Carlos Fayt, juez que votó en disidencia.
Listos para la elección
La defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, elevó al Poder Ejecutivo dos ternas para cubrir las vacantes de Defensor Público Oficial ante el Juzgado Federal de Villa María (Córdoba) y de Defensor Público Oficial ante los Juzgados Nacionales en lo Correccional y Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal. Para la primera Defensoría, la terna quedó integrada por: María Mercedes Crespi, Fabio Procajlo y Jorge Mierez. Y para la Defensoría Nº 5 de la Cámara del Crimen por: Néstor Costabel, Federico Maiulini y Daniel Neuman.
Reparación
Un sobreviviente del atentado contra la AMIA, cuya identidad no fue revelada, demandó civilmente a los nueve iraníes cuyas capturas pidió la Justicia argentina, a la organización fundamentalista islámica Hezbollah y a Irán, por un millón de dólares en concepto de daños y perjuicios. El abogado Pablo Jacoby hizo la presentación ante la secretaría especial de la AMIA que funciona en el juzgado federal a cargo del magistrado Rodolfo Canicoba Corral. En los hechos, la demanda es el "anuncio" de la acción civil, que sólo se iniciará formalmente una vez que los iraníes sean detenidos y enviados a juicio.
Imparcialidad
La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el pedido de recusación contra la magistrado Carmen Argibay que fue presentado en base a declaraciones que la juez realizó a los medio masivos de comunicación. El recusante había expuesto que Argibay tenía un interés personal y económico en la resolución del conflicto, que había ya emitido opiniones ante los medios de comunicación, por lo que su parcialidad se habría visto comprometida –artículo 17 inciso 2, 3, 4 y 7 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación-. Los jueces Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Eugenio Zaffaroni y Ricardo Lorenzetti sostuvieron que del informe entregado por Argibay puede observarse que no tiene ni litigio pendiente ni interés alguno en la causa, y que ”...las declaraciones formuladas por la jueza Carmen M. Argibay ante el requerimiento periodístico no configuran adelanto de opinión sobre la cuestión de fondo planteada ni permiten inferir siquiera la posición que habrá de adoptar en este tipo de procesos de modo que justifique la recusación deducida...”.