El Asesor Tutelar de la Ciudad, Gustavo Moreno, presentó una acción de amparo contra el gobierno porteño para que asista adecuadamente a los menores de edad con adicción a las drogas, especialmente con relación al consumo de pasta base de cocaína (paco). La presentación judicial solicita además que se ponga en marcha un “programa específico de atención a la salud para las personas menores de edad con adicción a las drogas”. Según se informó, Moreno presentó el escrito ante juez de feria para que se habilite esa instancia y se resuelva de manera urgente el pedido. Bolivia: del hospital a la cárcel
El ex dictador de Bolivia, Luis García Meza, condenado a treinta años de prisión, abandonó el hospital en el que se encontraba alojado desde hace varios meses por problemas de salud. La justicia ordenó el retorno al penal aun ante las quejas de la defensa respecto a que todavía no cuenta con el alta médico que garantice su integridad física fuera de los muros del nosocomio. Tampoco prosperó el pedido de los defensores del ex militar que gobernó Bolivia a principios de la década del ’80, de que se lo recluyera en un penal de una zona geográfica de clima más acorde con su actual estado de salud. La presión internacional le corta la soga a la horca de Irak
Dos colaboradores de Saddam Hussein que fueron juzgados y condenados por los mismos hechos y a la misma pena que el ex dictador ajusticiado, no serán ejecutados a la brevedad. Organismos internacionales, entre los que asumió la ONU un papel fundamental, presionaron para postergar la aplicación de las penas. Los colaboradores son Brazan Al Tikriti –medio hermano de Saddam Hussein- y Awad Al Bandar –quien fue juez de la Corte Revolucionaria de Hussein-. Si bien no han sido dispensados de la pena de muerte por un medio insidioso, no se sabe a ciencia cierta en qué día se llevará la ejecución. La muerte de Saddam Hussein impactó tanto en el mundo árabe como en el occidente, generando duras polémicas respecto de la disposición de las personas por vía de la última pena, y de las escasas garantías judiciales que tuvieron los imputados al momento de ser juzgados.