Ante su inminente rechazo, el Gobierno chileno le pidió al Senado que postergue el debate y la votación de una reforma constitucional que posibilitará la adhesión de ese país al Tribunal Penal Internacional (TPI), creado para investigar y castigar el genocidio, los crímenes de guerra y los delitos de lesa humanidad.
“El gobierno se quiere tomar más tiempo para poder explicar la necesidad de ratificar", dijo el subsecretario de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren. La votación debía realizarse este miércoles pero ahora quedó para marzo.
Para adherir al TPI, Chile debe enmendar su Constitución a fin de adaptar la legislación chilena a la jurisdicción del tribunal, que entró en funciones en julio de 2002, cuatro años después de que se suscribió el Tratado de Roma.
El proyecto del Gobierno cuenta con el rechazo de la oposición derechista y de parte de los legisladores oficialistas. Su aprobación, sin duda, no es algo sencillo. El 28 de agosto del año pasado ya se postergó la votación.
A grandes rasgos, la reforma reconoce la jurisdicción de la CPI, tal como lo indica el tratado aprobado Roma, pero no admite casos que hayan sido juzgados o que estén siendo investigados por los órganos competentes del país, argumentando que “Chile reafirma la primacía de su jurisdicción penal en relación con los crímenes de competencia de la Corte”.
Según el texto, “ninguna persona será entregada por Chile a la Corte Penal Internacional” mientras sus órganos competentes tengan oportunidad de investigar los presuntos delitos. Asimismo, establece que la jurisdicción del tribunal internacional podrá ejercerse únicamente respecto a crímenes de su competencia.
El Tratado de Roma fue firmado por 139 estados, pero hasta hoy sólo cuenta con 100 ratificaciones (entre esos países está Argentina). Chile figura entre los 39 países que no lo han ratificado, aunque aparece como uno de los primeros firmantes, al igual que EE.UU., que suscribió el Estatuto el último día de 2000, al término del gobierno Clinton.
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