El ex presidente Raúl Alfonsín presentó este viernes un escrito en el juzgado federal de San Rafael, Mendoza, donde había sido citado a declarar en la causa que investiga la desaparición de un joven en esa ciudad en la década del 70 y el secuestro de otro. Ambos hechos fueron cometidos presuntamente por miembros de la Triple A. Alfonsín no se presentó ante el juez federal Raúl Acosta, sino que el concejal local y abogado Alejandro Limas llevó un escrito. En esa causa, Acosta pidió la detención de la ex presidenta María Estela Martínez de Perón, residente en España, quien está siendo investigada. Alfonsín había sido citado a declarar como testigo.
Se vienen las paritarias
El Secretario General de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, Julio Piumato, se reunió con el vicepresidente del Consejo de la Magistratura, Carlos Kunkel, donde pasaron revista a los problemas pendientes que tiene la Justicia argentina y en particular a las demandas de los trabajadores, según un comunicado del gremio. “Se hizo particular hincapié en la designación de los meritorios, eliminando una situación que avergüenza a la Justicia argentina y el pago de una diferencia salarial adeudada hace varios años”, agregó esa nota. Además, quedó planteada “la necesidad de comenzar cuanto antes con la ronda de discusión paritaria que fije la pauta de incremento salarial para el período 2007”.
Instrucción
El juez federal Norberto Oyarbide dictó esta tarde la prisión preventiva de la ex presidenta María Estela Martínez de Perón y de los ex policías acusados de haber pertenecido a la Triple A, Juan Ramón Morales, Rodolfo Almirón y Miguel Angel Rovira. En la resolución, el magistrado afirmó que dictó la prisión a Isabel Perón a los fines de lograr su extradición a la Argentina para ser juzgada por los delitos cometidos por la organización de extrema derecha en su gobierno. Oyarbide dictó además embargos de $500.000 para Morales y Miguel Angel Rovira. El juez quiere indagar a Isabel por su responsabilidad en las acciones de la Triple A, a las que considera resultado de una "política terrorista, institucionalmente implementada", a la vez que delitos de lesa humanidad e imprescriptibles.
Sin secretos
A través de un decreto, el Gobierno relevó del secreto de Estado a militares y ex miembros de las Fuerzas Armadas que deban prestar declaración en causas vinculadas a la violación sistemática de los Derechos Humanos. El texto fue firmado este viernes por el presidente Néstor Kirchner y también lleva la rúbrica de la ministra Garré y del jefe de Gabinete, Alberto Fernández. La resolución abarca a quienes "integren o haya integrado organismos de inteligencia, las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad, las Fuerzas Policiales o que fueran o hayan sido funcionarios alcanzados por la obligación de guardar secreto". Garré dijo que es un “medida histórica" que demuestra "un compromiso profundo de luchar contra la impunidad". El decreto fue elaborado como respuesta al pedido formulado el último miércoles por el ex capitán de la Armada Alfredo Astiz, al prestar declaración en la causa por la desaparición de dos monjas francesas en 1977.