“Antes era una oficina interna con una ubicación poco adecuada y con poco acceso a las personas que se acercaban a buscar información”, le explicó a Diariojudicial.com una fuente del Superior Tribunal de Justicia de Santiago del Estero. Ahora la Oficina fue ubicada en el hall central de la planta baja del Palacio de Tribunales con personal a vista.
La Oficina tiene como objetivo suministrar información sobre el servicio de Justicia. Por ejemplo, allí se puede consultar sobre la ubicación de juzgados, cámaras, defensorías, fiscalías y dependencias judiciales y el personal que trabaja en cada una de ellas. Hasta el momento, sólo funciona en el Palacio de la capital de Santiago.
La Oficina de Atención al Justiciable también se encarga de asesorar sobre trámites de denuncias, reclamos o medidas de urgente ejecución; informa sobre la actividad y la ubicación de los centros de mediación y las casas de justicia; y lleva estadísticas sobre las dependencias del Poder Judicial.
Por otra parte, los justiciables pueden dejar en la Oficina sus reclamos sobre el funcionamiento de las distintas dependencias de la Justicia y sugerencias para tomar medidas al respecto. La Oficina tiene la competencia de pedir información a todos los organismos del Poder Judicial para brindarla ante la ciudadanía.
A través de un comunicado, el Poder Judicial de Santiago del Estero informó que las nuevas dependencias de la Oficina cuentan “con un moderno y funcional diseño que facilita la atención de las personas que soliciten información de toda índole referentes al servicio de justicia”.
Este servicio fue creado en 2004 durante la intervención federal a la provincia y ratificado por una acordada del Superior Tribunal. A través de la Ley 25.881 aprobada por el Congreso Nacional el 1 de abril de 2004, el gobierno de Néstor Kirchner intervino la provincia por la crisis política que vivía el gobierno peronista provincial de Carlos Juárez y su esposa Nina Aragonés.
La norma dispuso la caducidad de los mandatos del Poder Ejecutivo y Legislativo y puso en comisión a los integrantes del Poder Judicial. Como interventor fue designado el ex fiscal federal, y en ese momento funcionario del Ministerio de Justicia nacional, Pablo Lanusse, y la media fue dictada por 180 días prorrogados en septiembre por igual plazo.