Durante la noche, por 209 votos contra 10, y luego de un largo debate en el recinto, los diputados dieron el último paso que le faltaba al proyecto para convertirse en ley, ya que la promulgación de la norma está asegurada por ser una iniciativa del propio presidente de la Nación.
Quienes opinaron favorablemente a la norma, entendieron que permite desandar los errores cometidos desde 1994 respecto del futuro de los trabajadores, considerando un verdadero fracaso la puesta en manos privadas de algo tan delicado y esencial como es la jubilación.
Los detractores del proyecto, por su parte y en completa minoría, desconfiaron de la seguridad que el Estado puede brindar a los aportes de los trabajadores, considerando que la administración privada es más segura, ya que diversos gobiernos podrían echar mano de los ahorros de los trabajadores.
Igualmente el cambio de paradigma no es brusco; quienes quieran continuar aportando a una AFJP podrán hacerlo, mientras los que quieran volver al sistema público de reparto tendrán el derecho de optar en el plazo de 180 días posteriores a la puesta en vigencia de la norma, pudiendo optar nuevamente cada cinco años.
Los trabajadores que recién se incorporan al mercado laboral y no decidiesen a qué sistema ingresarán sus aportes, automáticamente serán integrados al sistema público de reparto, a diferencia de la norma que actualmente se encuentra vigente que da prioridad al sistema privado.
La norma modifica la administración de los recursos de las AFJP, limitando al 1% el cobro de comisiones por parte de dichas empresas, y obligando también a invertir del 5% al 20% del dinero de sus clientes en fideicomisos y diversos proyectos productivos, a fin que el ahorro no salga completamente del circuito económico.