A poco tiempo de que se hiciera cargo de la UBA, su nuevo rector, Rubén Hallú, centró sus ataques contra la administración del Hospital de Clínicas. Las irregularidades, algunas se adelantaron a través de los medios, terminaron en el Juzgado Federal Nº 12, a cargo de Sergio Torres. A la causa se le sumó ahora la Oficina Anticorrupción. El organismo presentó en las últimas horas un escrito y una serie de documentos importantes sobre presuntos ilícitos que se habrían cometido en la conducción del Hospital.
Entre otras anomalías, allí se denuncian contrataciones presuntamente irregulares autorizadas por la intervención del hospital, durante el “mandato” del Dr. Miguel A. Jorge, por “abuso” del sistema de contratación directa, que comprenden aproximadamente 1.550 “reconocimientos de facturas” por un importe total superior a los siete millones de pesos.
El documento, al que tuvo acceso este medio, pone el énfasis en la empresa Linser S.A., contratista del Hospital de Clínicas y sospechada de irregularidades en otras causas en trámite ante la Justicia Federal. Entre otras cosas, se investigan contrataciones irregulares con el PAMI, durante la gestión de Víctor Alderete, y con ENTEL, durante la intervención de María Julia Alsogaray.
La primera causa es la Nº 1.240/00 y actualmente está en la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal. En el otro expediente (Nº 9.923/01) se investiga el reconocimiento de una deuda supuestamente espuria a la empresa Linser S.A. por parte de la ex interventora de ENTEL.
“De corroborarse que se trata de la misma empresa y que sus autoridades se repiten en los casos señalados, estimo que existirían indicios más que suficientes para considerar que el contrato suscripto se encuentra seriamente sospechado de haber sido celebrado mediante la comisión de delitos de acción pública”, señala el escrito que aportó la OA.
Finalmente, la OA también acompañó una presentación del ex Director de Contrataciones del Hospital, Fernando Ivancich, donde se denuncian anomalías en el trámite de pago de una deuda con la empresa Wing-Guard S.A por casi $900.000 y donde las autoridades del Hospital no habrían tomado en cuenta las objeciones realizadas por la Auditoría Interna de la UBA. Todo ello, se destaca, ocurrió en el marco de una deficiente estructura de atención para quienes concurrían al Hospital.
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