La normativa, aprobada por 85 votos a favor y cinco abstenciones, prevé una serie de pedidos a las empresas de telefonía móvil.
Por ejemplo, las empresas deberán bloquear o deshabilitar los teléfonos que hayan sido denunciados ante la Policía o el Ministerio Público como robados, hurtados o estafados. El proyecto agrega que luego de dos meses sin que el titular haya informado la recuperación del teléfono, el aparato será inhabilitado definitivamente.
Quienes no cumplan con estos requisitos podrán ser multados económicamente y los dueños de los teléfonos que se sientan vulnerados en su privacidad podrán ser indemnizados.
Por otra parte, el Ministerio Público queda facultado para pedirle a las empresas de telefonía móvil, y también fija, un listado completo de los datos y las comunicaciones realizadas y recibidas por sus clientes. Las empresas deberán conservar un registro de al menos un año.
La iniciativa prevé sanciones de 541 días a 5 años de prisión para las empresas que se nieguen a dar esa información.
Esta no es la primera vez que la Cámara de Diputados de Chile analiza proyectos de ley para prevenir sobre el uso de celulares en delitos. Diputados aprobó un pedido del Ministerio de Justicia para que en las cárceles se instalen dispositivos tecnológicos que distorsión la señal de los teléfonos móviles con el objetivo de evitar que desde allí se organicen delitos.