La declaración se produjo ante la interferencia del Poder Ejecutivo sobre el Judicial que denunciaron las asociaciones de magistrados de Argentina, Bolivia y Ecuador. “La independencia, la inamovilidad de los magistrados y la intangibilidad salarial son elementos esenciales de la independencia judicial”, destacó la FLAM.
La declaración se conoce en el marco del pedido de juicio político contra cuatro jueces de la Cámara Nacional de Casación Penal por la demora en el trámite de las causas que investigan violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar. Este tema enfrentó al presidente Néstor Kirchner contra los jueces del tribunal. Y desde la Justicia se respaldó la independencia de los magistrados.
Por su parte, las asociaciones de Bolivia y Ecuador denunciaron la intromisión del poder político en los Consejos de la Magistratura de esos países donde se eliminó la vigencia de la carrera judicial. En nuestro país, el Consejo de la Magistratura es quien investiga la denuncia contra los jueces de Casación.
“Los Consejos de la Magistratura deben desarrollar funciones orientadas a garantizar la carrera judicial y proteger la independencia de los jueces”, señaló la FLAM, entidad que nuclea a las asociaciones nacionales de jueces de los países latinoamericanos.
La FLAM celebró esta semana en Buenos Aires su asamblea anual, conjuntamente con la reunión del Grupo Iberoamericano de la Unión Internacional de Magistrados, de las que participaron jueces de toda Latinoamericana y de España, Portugal, Italia, Austria y Eslovenia. El vicepresidente segundo de la FLAM es el camarista penal argentino Miguel Angel Caminos.
En la inauguración de las sesiones, el presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, Ricardo Recondo, señaló que “sólo puede haber un Poder Judicial independiente con garantías de una inmovilidad de los jueces mientras dure su buena conducta, tal cual lo asegura nuestra Constitución Nacional, ajeno a toda injerencia política con relación al ejercicio de sus facultades jurisdiccionales e intangibilidad de su remuneración, que por supuesto debe ser digna y suficiente”.
Por último, la FLAM exhortó a los Gobiernos al “más estricto respeto de estos principios, como la única manera de consolidar una efectiva independencia judicial, garantizando la separación de poderes como elemento esencial del Estado Democrático de Derecho”.