El magistrado advirtió sobre el aumento de la conflictividad “ya sea porque las sociedades son menos homogéneas, ya sea porque aumenta la exclusión social, porque surgen conflictos entre intereses individuales que se encuentran en paridad”. “Cada vez hay más conflictos” y “son cada vez más complejos”, remató Lorenzetti.
El presidente del Máximo Tribunal habló en la inauguración del “IV Congreso de Defensorías Públicas Oficiales del MERCOSUR” que se desarrolla hasta el viernes en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y que reúne a representantes de poderes judiciales de diversos países de la región.
Lorenzetti puso los conflictos sociales en el centro del debate a partir de una idea que señala a este siglo como el de los jueces.
En su discurso, el juez sostuvo que esas palabras son “demasiado pretenciosas” porque se pone “en cabeza del Poder Judicial una extraordinaria responsabilidad”. “Hace poco tiempo oí decir por parte de autores muy reconocidos internacionalmente que hubo un siglo del Parlamento, donde el gran protagonista fue el Parlamento, representante de todo el pueblo, pero que ahora estamos en un siglo diferente y ese es el siglo de los jueces”, contó Lorenzetti.
Entonces, ¿cómo y quién soluciona los conflictos? “Los parlamentos, como modo de resolución de estos conflictos, a través de normas generales, evidentemente están en crisis, porque los parlamentos actuales ya no resuelven los problemas, más bien lo exponen”, afirmó el Presidente de la Corte.
En ese marco, agregó que la nueva legislación mundial pasó de una lógica jurídica clásica a categorías de conceptos indeterminados. “Siempre se utilizan en las legislaciones actuales conceptos jurídicos abiertos, con lo cual se incrementa el rol de los poderes judiciales, tanto por la dificultad que existe en la autocomposición y proliferación de conflictos, como en el rol que actualmente existe en los parlamentos. Ambos factores llevan a que una extraordinaria cantidad de presiones lleguen a los poderes judiciales”, agregó el juez.
“Y por eso, nos guste o no nos guste, los poderes judiciales de todo el mundo hoy se ven con conflictos de una naturaleza absolutamente diferente de lo que era pensado para su función tradicional”, completó el magistrado. Entre los nuevos conflictos, Lorenzetti enumeró el calentamiento global, la discriminación, la ausencia de prestaciones de salud, vivienda y alimentación, los presos en las cárceles y las políticas públicas.
“Entonces, aquí está un poco la explicación de porqué estos autores vienen diciendo que es la era de los jueces”, concluyó el juez.
Por último, el magistrado concluyó señalando que es “muy importante que tengamos una idea clara de que el poder judicial puede hacer mucho, pero siempre tiene que reconocer que las políticas públicas le corresponden a los otros Estados y que las decisiones, las grandes decisiones sociales, le corresponden al pueblo. Sería un error para los jueces sustituir las decisiones populares”.
Antes que Lorenzetti, habló la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, quien afirmó que “para lograr un verdadero Estado democrático del Derecho y para que el sistema de justicia funcione a la perfección tiene que haber una Defensa Pública, con presupuesto propio, con posibilidad de diseñar la política de defensa pública del Estado”.
En la primera jornada del Congreso también se firmó un convenio de cooperación entre el Instituto Brasilero de Ciencias Criminales y el Bloque de Defensores Públicos Oficiales del MERCOSUR.
Este viernes el Congreso cerrará con la presencia del presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Florentín Meléndez, quien disertará sobre “La protección de las personas privadas de si libertad en el sistema interamericano de derechos humanos”. Previamente asumirán los nuevos integrantes del Consejo Directivo del Bloque.
El Congreso tiene como objetivo analizar y desarrollar diferentes propuestas a las problemáticas comunes de las defensas públicas del MERCOSUR. Del encuentro participan delegaciones de defensores públicos, juristas y legisladores de Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Guatemala, República Dominicana y Panamá.