La Asociación por los Derechos Civiles (ADC), que integra el Foro “Una Corte para la Democracia”, presentó una serie de propuestas para mejorar el sistema de designación de los jueces del Superior Tribunal, el procurador general y el defensor general de la provincia del Chubut. Los proyectos fueron presentados ante la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Legislatura de Chubut y ante la Subsecretaría de Gobierno y Justicia del Poder Ejecutivo provincial.
Voceros judiciales de esa provincia dijeron, no obstante, que las propuestas no tuvieron repercusión ni dentro Poder Judicial ni en los medios locales.
Actualmente, el procedimiento para designar a los miembros del Superior Tribunal, que amplió su número de jueces el año pasado (pasó de tres a seis en un proceso muy cuestionado), al Procurador General y al Defensor General de Chubut se encuentra regulado por el artículo 166 de la Constitución provincial, el cual establece que los nombramientos son efectuados por el Poder Ejecutivo con el acuerdo de la Legislatura. Pero no están vacantes ninguno de esos cargos.
La ADC propuso “complementar” el actual sistema y “reforzarlo”. “Esto puede lograrse a través del dictado de un decreto del Gobernador y de la modificación del Reglamento de la Legislatura provincial. La introducción de estas nuevas reglas promoverá un mayor acercamiento entre el Poder Judicial de la provincia y la ciudadanía”, dijo la ONG a través de un comunicado.
El decreto del gobernador debería
limitar las amplias facultades del Poder Ejecutivo en la selección de candidatos para el Superior Tribunal, Procurador General y Defensor General. Y mencionar que en futuras elecciones se tendrá en cuenta: la necesidad de respetar el equilibrio en materia de género; la idoneidad técnico-jurídica y moral del candidato; su compromiso con el sistema democrático y republicano de gobierno y la real vigencia de los derechos humanos; su independencia de criterio y su situación impositiva.
También se propone que cada candidato sea sometido a
un proceso de consulta ciudadana que implique hacer públicos los nombres y antecedentes de los candidatos, dar a conocer que la ciudadanía es bienvenida a
presentar sus opiniones sobre los candidatos y que el Gobernador fundamente y haga pública la evaluación en la que confirme o retire la postulación del candidato, que a su vez, deberá presentar su declaración jurada completa.
El documento elaborado por ADC (ver archivo adjunto) solicita que la Legislatura local
haga público el procedimiento para aprobar o rechazar los pliegos de candidatos que envía el gobernador. Y que antes de decidir sobre el candidato propuesto por el Poder Ejecutivo, convoque a una audiencia pública para que el candidato responda las consultas e inquietudes de los legisladores y, en lo posible, de los ciudadanos.
“En este coloquio, las preguntas podrán referirse tanto a los antecedentes profesionales del postulante como a cuestiones de fondo: su opinión sobre la interpretación y alcances de ciertos derechos constitucionales, el rol del juez en una democracia constitucional, etcétera”, explica el informe.
Tal como lo advierte la ONG, varias de las reformas propuestas se asemejan a las que impulsó el presidente Kirchner a través de la sanción del decreto 222/03 y de la modificación del Reglamento Interno del Senado.
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