Según pudo saber este medio la denuncia es por la supuesta comunicación que Stornelli le hizo al ministro del Interior, Aníbal Fernández, para informarle que había pedido la citación a indagatoria de dos funcionarios por el caso Skanska, en el marco del expediente que investiga el juez federal Guillermo Montenegro por la denuncia de pago de coimas para la ampliación de dos gasoductos.
Esa comunicación fue plasmada en el decreto 539/2007 del 16 de mayo pasado firmado por el presidente Néstor Kirchner que señala que “en comunicación telefónica con el señor ministro del Interior, el señor fiscal Dr. Carlos Ernesto Stornelli, tras manifestarle que colaboraría con la campaña de Scioli le expuso además me los llevo puestos a Madaro y a Ulloa”.
“Que esa sola circunstancia, la sola y directa mención del fiscal de la causa al Sr. ministro, aun con el riesgo de involucrar a inocentes, amerita ordenar la inmediata separación de aquellos aludidos no sólo para permitir la plena libertad de la acción de la Justicia, sino también para impedir cualquier interpretación antojadiza de la actitud del gobierno en este punto, lo que torna innecesario esperar las citaciones judiciales que pudieran o no producirse”, agrega el decreto.
Los funcionarios desplazados son Néstor Ulloa, ex titular del Nación Fideicomiso, y Fulvio Madaro, quien estuviera a cargo del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS).
Ante la denuncia de un fiscal, la Procuración General de la Nación tiene un procedimiento a seguir. Un Consejo Evaluador del Ministerio Público, integrado por cinco fiscales generales, se encarga de recopilar pruebas, pide el descargo del denunciado, en este caso Stornelli, y eventualmente puede derivar la investigación a un fiscal.
Luego el Consejo decide si hay motivos para iniciar un juicio político. Si la acepta, la denuncia pasa al Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público integrado por nueve miembros en representación de la Procuración General, la Corte Suprema, la Defensoría General, el Poder Ejecutivo, el Senado, la Federación Argentina de Colegios de Abogados y el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.
Por otra parte, el fiscal también habría sido denunciado ante el fuero federal en una causa que habría quedado radicada en el juzgado de primera instancia de Julián Ercolini.