SUBROGANDO Y CON EL MAZO DANDO. Este parece ser el lema del nuevo Consejo de la Magistratura. Con la oposición debilitada en el cuerpo (los radicales no cortan ni pinchan) y con los jueces medio amedrentados (no vaya a ser cosa que nos pase lo de Bisordi), el panorama no es demasiado halagüeño. Mientras tanto parecen haber hecho oídos sordos a la declaración de inconstitucionalidad que hizo la Corte con respecto a los jueces que sin concurso ni acuerdo del Senado, asumen en forma transitoria para solventar la emergencia. La advertencia de la Corte, como la del Riachuelo, cayó en saco roto. A pesar de que resuma prestigio y que el oficialismo la muestra como la niña bonita de su gestión en el área de Justicia, no le dieron ni cinco de bola. El Máximo Tribunal se esmeró en no patear el tablero en forma irresponsable y a pesar de declarar la inconstitucionalidad del sistema, se preocupó por dar por explícitamente válidas las resoluciones dictadas por los jueces subrogantes. Dio también un plazo cómodo para resolver el tema. Hasta el 23 de mayo del 2008 se podrá usufructuar del cuestionable pero necesario sistema. Sin embargo, no se ha visto que desde el Consejo estén apurando el trámite de los concursos ni que desde el Poder Ejecutivo se estén esforzando por elegir entre los ternados ya concursados. Obviamente hay cosas más importantes en qué pensar, y nombrar jueces como la gente (rápido y bien) no parece sumar votos. El Consejo mientras tanto se ocupa casi pasivamente de administrar el statu quo. Llevamos al patíbulo a dos o tres jueces, como para que nadie se zarpe o se pase demasiado de la raya, nombramos con cuenta gotas, en un proceso tortuoso y lento, salimos a llenar la grilla con subrogantes, como para que la cosa no colapse. ¿Qué más quieren? Se mejoró ostensiblemente. La Corte es mejor que la que había antes (obvio), el proceso de selección de nuevos jueces parece ser más serio y medido (pero no más eficiente). Varios sienten que con eso pueden dormir tranquilos. Y eso que transitamos épocas de vacas gordas, con los graneros oficiales llenos, récord de recaudación impositiva y retenciones que muy difícilmente bajen. Como viene la cosa sería raro que parte de esa bonanza se derrame hacia el lado del Poder Judicial. Sin embargo la escasez de recursos es obviamente parte del problema. El mea culpa oficial que le permitió zafar al juez Acosta, es simplemente un quejido que resulta magro a la hora de buscar soluciones de fondo. No se preocupen muchachos, a nadie le importa. Las atalayas del poder central en el interior, tienen en las figuras de los jueces federales, como Acosta, un comisario de la política interna de cada provincia. Sin pertenecer y depender de la estructura de los poderes judiciales locales, emergen con poder de decisión en las cuestiones más delicadas que vinculan a dirigentes provinciales con el poder federal. Como modernos patrones de estancia, los jueces federales del interior componen la postal del poder de las provincias argentinas. El juez federal de San Rafael está acostumbrado a las acusaciones – el cuarteto Szmukler, Rodríguez, Gemignani y Quiroga Lavié – en un dictamen de minoría en el año 2005 ya lo habían defenestrado diciendo que en su juzgado “las demoras se miden en años y los extravíos son rutinarios… en algunos casos, las demoras alcanzan a los diecinueve (19) años y, puede decirse, esa secretaría (por la secretaría penal de su juzgado) ha estado regida por los extravíos, traspapelamientos e incumplimientos procesales”. En su momento, la mayoría votó por la desestimación del juicio político. Pasó igual ahora, con el nuevo Consejo, que le volvió a perdonar la vida.