La Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alicia Pierini, dijo que presentará una petición a las cámaras civiles y comerciales de la Nación, para que estas emitan una acordada ordenando a los juzgados que disponen desalojos masivos, que realicen un informe socio-ambiental del lugar antes de librar su ejecución.
La intención de la funcionaria porteña es que no se produzcan desalojos cuando no haya previsión social sobre el destino de las personas que se van a desalojar. “No se pretende frenar el desalojo, sino que estén dadas las condiciones sociales adecuadas para que se ejecute”, explicó la funcionaria a
Diario Judicial.com.
Pierini ya presentó un proyecto de declaración para que sea la legislatura porteña quien haga el pedido ante la Justicia nacional, pero como todavía no fue tratado anticipó que ella misma enviará la petición a las Cámaras.
Según el proyecto de la Defensora Oficial, el informe socio-ambiental debe ser realizado por “profesionales idóneos para tal fin”, y aclara que “deberá ser suficientemente pormenorizado, en especial cuando un eventual lanzamiento afecte a menores de edad, adultos mayores o personas con necesidades especiales”.
“Cuando del informe se derive que el incumplimiento en las obligaciones contraídas o la situación de hecho configurada que llevan al desalojo, obedecen a razones socioeconómicas ajenas a la voluntad del o de los demandados, los tribunales actuantes deberán enviar un oficio judicial que incluya una copia del informe socio ambiental al Ministerio de DDHH y Sociales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para que éste adopte las medidas habitacionales o de protección correspondientes”, concluye el pedido.
Pierini señaló que le corresponde ocuparse del tema porque “es misión de la Defensoría del Pueblo la defensa, protección y promoción de los derechos humanos y demás derechos e intereses individuales, colectivos y difusos”, según establece la Constitución de la Ciudad.
Asimismo, en su pedido de declaración enviado a la Legislatura, la Defensora afirmó que “evidentemente una de las formas que más conspira contra el derecho a la vivienda es la figura del desalojo”, y concluyó que “es posible que haya llegado la hora de pensar en una nueva legalidad que contemple el derecho a la vivienda de todas las personas, como un derecho humano”.
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