La reforma busca darle intervención exclusiva al fiscal en la acusación, reforzando el sistema acusatorio y dándole mayor imparcialidad a los jueces; la posibilidad de la reparación para casos menores; la profundización del sistema oral; una nueva ley de organización de la justicia penal; la inclusión del principio de oportunidad; y la ampliación de los derechos procesales para las víctimas de delitos.
“No puede haber crímenes complejos que queden impunes porque los procesos se dilatan excesivamente; y desde el punto de vista del imputado la sentencia debe darse en tiempo oportuno; debemos establecer un mejor equilibro entre la eficacia de la persecución penal y el respeto de las garantías de los ciudadanos y disminuir la cantidad de hechos de relevancia penal que no se resuelven”, sostuvo el Ministro luego de una reunión con penalistas internacionales sobre la reforma al Código.
Iribarne recibió este miércoles al director del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD), Elías Carranza, al vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Alfonso Chavez, al fiscal general de ese país, Francisco Dall´Anese, y al embajador del Japón, Shinya Nagai, quienes participan de la jornada “Los Sistemas Comparados de Justicia Penal de Argentina, Costa Rica y Japón. Desafíos para la reforma Procesal Penal” en la Defensoría General de la Nación.
La semana pasada Diariojudicial.com adelantó que la reforma estaba avanzada. Ahora Iribarne le puso fecha a las conclusiones de la Comisión: en agosto recibirá el anteproyecto. “Se ha trabajado con agilidad”, dijo la diputada nacional Rosario Romero (Frente para la Victoria) y una de las integrantes de la Comisión conformada por el Poder Ejecutivo que comenzó a trabajar a principios de marzo.
“La idea del nuevo código es buscar una justicia penal mas pronta y mas eficaz en la protección de los derechos de las partes, tanto de la víctima como del acusado; la idea es que desaparezcan las prisiones preventivas a personas a las que se tarda demasiado tiempo en juzgar”, sostuvo por su parte el profesor académico Fernando Díaz Cantón, otro de los miembros de la Comisión.
El resto de los integrantes de la Comisión son: los senadores Vilma Ibarra (Frente para la Victoria), Miguel Ángel Pichetto (Frente para la Victoria) y Ernesto Sanz (UCR); los diputados Juan Becan (UCR), Luis Cigogna (Frente para la Victoria) y Romero; los jueces Luis García (del Tribunal Oral Nº 9), Ángela Ledesma (de la Cámara de Casación Penal) y Adrián Marchisio (secretario general de la Procuración de la Nación); y los abogados Carlos Beraldi, Marcos Salt y Díaz Cantón.
Cuando Iribarne reciba el anteproyecto, el Poder Ejecutivo analizará las reformas propuestas y decidirá si las hace propias y las envía al Congreso de la Nación para reformar el Código Procesal.
Pero los trabajos realizados por Comisiones convocadas por el Ministerio de Justicia no cuentan con buenos antecedentes. Hace un año el Poder Ejecutivo paró un anteproyecto de reforma al Código Penal que entre otros cambios proponía la despenalización del aborto y de la tenencia de droga para consuma personal.
Las opiniones en contra de algunos sectores de la sociedad, como la Iglesia, hizo rever del Gobierno la conveniencia de apoyar la iniciativa e Iribarne dijo que la reforma no era una prioridad del Ejecutivo y en aquel entonces postergó su debate por dos años.