El reclamo también es para que se reimplante el régimen porcentual de remuneraciones, conocido como ley de enganche, se fije el 82 por ciento móvil para los jubilados judiciales, y que la Justicia haya convenciones colectivas de trabajo. La ley de enganche implica que todo aumento que recibe un magistrado es traslada proporcionalmente al resto de los funcionarios y empleados.
La huelga se llevará a cabo en todo el país, menos en la provincia de Santa Fe y en los juzgados nacionales y federales. Allí, los empleados están nucleados en la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, el gremio que conduce Julio Piumato.
“Queremos hacer una mesa de concertación con el Gobierno, establecer cual es el costo de todos los Poderes Judiciales del país, de manera de unificar los sueldos de empleados, funcionarios y magistrados en un régimen salarial igualitario”, le dijo a Diariojudicial.com el secretario general de la FJA, Jorge Izquierdo.
Según la Federación, el desequilibrio entre salarios en todo el país es muy grande. En Misiones un empleados gana 400 pesos mensuales, en Córdoba 1.200, en Neuquén, donde recientemente hubo aumentos, 1.730, y en la ciudad de Buenos Aires, 2.400.
El mismo Izquierdo se pone como ejemplo de las diferencias. “Un vocal de la Corte de Santiago del Estero no gana 5.000 pesos mensuales y yo como jefe de departamento en Neuquén estoy en 6.000 pesos de bolsillo”, señala el Secretario General de la FJA y sentencia: “Es una contradicción manifiesta”.
Por eso, el 17 de agosto le pedirán al Gobierno Nacional un acuerdo con las provincias para lograr una equiparación salarial en cada cargo en la Justicia. El paro será acompañado con una movilización. “Es casi con seguridad que será al Ministerio de Justicia de la Nación”, sostiene Izquierdo, lo que será decidido el 1, 2 y 3 de agosto en una reunión del Consejo Superior y la Mesa Directiva de la FJA para ajustar detalles del paro.
El reclamo por la equiparación salarial ya lo había hecho el año pasado la FJA cuando le llevó al ministro de Justicia, Alberto Iribarne, un trabajo que daba cuenta de esa situación. “Todavía no tenemos respuesta. Vamos a tratar de agilizar un pedido de nueva audiencia”, explicó Izquierdo. La Federación también le pedirá una reunión a la Junta Federal de Cortes, presidida por el juez del Superior Tribunal de Justicia de Córdoba, Domingo Sesin.