Ya se crearon 36 ayudantías fiscales. La última se inauguró el pasado jueves en la ciudad de Chivilcoy, dependiente del departamento judicial de Mercedes. En el acto, del que participaron el ministro de Gobierno, Florencio Randazzo, el ministro de Justicia, Eduardo Di Rocco, y el intendente de ese municipio, Ariel Franetovich, Falbó anunció la creación de las nuevas ayudantías a partir de un proyecto de ley que ya tiene media sanción del Poder Legislativo bonaerense. De esta manera, serán 56 las ayudantías fiscales con las que en un futuro contarán los tribunales de la Provincia.
La función de las ayudantías fiscales es promover con conocimiento del Agente Fiscal la investigación penal preparatoria, recibir denuncias, ejercer la dirección de la Policía en Función Judicial y requerir al Juez de Garantías o al Juez de Paz Letrado del lugar las medidas probatorias previstas en los Capítulos III y IV del Título VIII del Libro Primero del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires.
La creación de las ayudantías forma parte del proceso de descentralización de la Justicia bonaerense a partir de la sanción de la ley 13.247 en diciembre de 2004. Esa norma creó fiscalías y defensorías descentralizadas en nueve departamentos judiciales de la Provincia.
Esos tribunales se instalan en localidades, dentro del departamento judicial, según determina la Procuración General “atendiendo a índices poblacionales y de criminalidad”. Desde el 2005 ya se descentralizaron 16 fiscalías y 8 defensorías. La ley también creó los cargos para cada uno de los nuevos tribunales.
El objetivo de la descentralización es crear tribunales en lugares alejados de la cabecera judicial. En el caso de Chivilcoy, la distancia con la ciudad de Mercedes es de 70 kilómetros. La última vez que se inauguraron fiscalías y defensorías también se vio beneficiada Mercedes. Fue en junio pasado cuando comenzaron a funcionar tres fiscalías y dos defensorías en la ciudad de Luján.
Por otra parte, la ley 13.274 le permite a la Procuración firmar convenios con los municipios que contemplen el aporte en la provisión de espacios físicos, recursos humanos y materiales para el establecimiento y funcionamiento de las oficinas.