La mayor parte del presupuesto se la llevará el Consejo de la Magistratura, a cargo de la administración judicial de todos los tribunales nacionales y federales: 2.080.319.174 de pesos prevé el organismo. El 78 por ciento se destinará al pago de las remuneraciones de 20.896 empleados, 1.629.399.996 de pesos. El resto es para bienes de consumo (41.169.941), servicios no personales (98.411.969), bienes de uso (298.839.998) y transferencias (12.497.270).
El Consejo aprobó su parte del presupuesto por unanimidad en el último plenario que fue el jueves 23 de agosto. Había sido elaborado por la administradora general del Poder Judicial, Cristina Akmentis.
Los restantes 263.995.551 de pesos es el presupuesto para las dependencias de la Corte Suprema. El mayor gasto también es en sueldos, 182.813.665 de pesos. Le siguen los bienes de uso (58.907.830), los servicios no personales (10.985.467), las transferencias (6.443.873) y los bienes de consumo (4.844.716).
El Máximo Tribunal priorizó “el criterio de establecer las necesidades de manera cauta y moderada, potenciando los recursos materiales y humanos de la manera más eficiente; fijándose —no obstante— los valores impostergables que aseguren el accionar de la justicia”, resalta la resolución publicada en el Boletín Oficial.
Sin embargo, también dijo que los “techos presupuestarios comunicados por la Jefatura de Gabinete de Ministros, resultan insuficientes para el nivel de necesidades mínimas de este Poder Judicial”.
Respecto a los recursos humanos, el presupuesto contempla aquellos cargos que ya existen y también los que corresponden a tribunales que todavía no fueron habilitados o con planta incompleta. Tales son los casos del fuero en lo Penal Tributario y los juzgados Federales de Ejecuciones Fiscales Tributarias. Además, se prevén las partidas para incorporar a 1.300 meritorios.
En relación a la infraestructura se asignan fondos para comprar o remodelar edificios que alberguen la Morgue Judicial, la Biblioteca Central del Poder Judicial de la Nación y la Oficina de Asesoramiento y Patrocinio Jurídico Gratuito de la Facultad de Derecho de la UBA, los tribunales de la localidad bonaerense de San Martín y un plan general de obras en todo el país.
“Todo ello con el objetivo de obtener nuevas superficies para atender las crecientes necesidades de espacios de las actividades judiciales, por medio de la construcción de edificios en terrenos libres, la continuación de obras en estructuras a medio construir o la remodelación integral en inmuebles desafectados por su alto grado de deterioro”, explicó la Corte.
Por otra parte, el Máximo Tribunal calificó de “colapso” la “realidad edilicia” del Poder Judicial. Y por eso incluyó un plan de mantenimiento y obras para mejorar, ampliar, adecuar, modernizar y refuncionalizar inmuebles propios.
El presupuesto será girado al Congreso de la Nación que lo tratará con el resto de los gastos previstos para toda la administración pública del año próximo.