En un acto en el Salón de audiencias de la Suprema Corte bonaerense, el juez del Máximo Tribunal de la provincia Luis Genoud, la procuradora general, María Del Carmen Falbo, y el ministro de Justicia, Eduardo Di Rocco, inauguraron el martes pasado la cuarta etapa del plan.
Este sistema permite la agilización de los procesos penales y reducir los tiempos de las causas de los delitos por flagrancia. El sistema prevé que una vez que el fiscal informa que hay un detenido en un caso de flagrancia, el juez de garantías deberá convocar a una audiencia oral dentro de los cinco días, con lo que se tiende a instalar la oralidad en la instrucción penal desde el comienzo del proceso.
El primer lugar donde se aplicó fue en Mar del Plata en 2005. Según estadísticas de la Procuración, desde su puesta en vigencia se resolvieron el 80 por ciento de los casos que ingresaron por año mientras que el promedio hasta el momento era sólo del 6 por ciento.
El sistema también redujo los tiempos de los procesos. Los jueces resolvieron las suspensiones de juicio a prueba en un promedio de 18.74 días (con un mínimo de 3 y un máximo de 43 ), el de los juicios abreviados con condenas de efectivo cumplimiento de 29.82 (con un mínimo de 3 y un máximo de 92), el de los juicios abreviados con condena en suspenso de 13.33 (con un mínimo de 3 y un máximo de 37), el de los sobreseimientos tuvo un promedio de 23.35 días (con un mínimo de tres y un máximo de 67) y el de las elevaciones a juicio 27.76 (con un mínimo de 8 y un máximo de 59).
Luego de Mar del Plata comenzó a aplicarse en Zárate-Campana y en San Martín, en octubre pasado. Donde más recientemente se instauró fue en otros cuatro departamentos judiciales: Necochea, Pergamino, Mercedes y La Matanza.
En Necochea y Pergamino comenzó a implementar el 2 de julio y en La Mercedes y La Matanza desde el 6 de agosto. Así lo había resuelto la Suprema Corte bonaerense el 20 de junio.
El “Convenio para la extensión del programa de fortalecimiento de la Justicia Penal al conjunto de la Provincia de Buenos Aires” que puso en marcha el sistema fue suscripto entre la Corte de la provincia, la Procuración General y el Centro de Estudios de Justicia de las Américas.