En ese sentido, fuentes judiciales indicaron hoy que los jueces Raúl Madueño, Juan Fégoli y Pedro David, integrantes de la mencionada sala de la Casación, aguardan el pronunciamiento del fiscal para analizar “en un breve plazo” la resolución por la cual el grueso de la investigación pasaría a manos del juez en lo Penal Económico Julio Speroni, en cuyo juzgado se unificaron semanas atrás las causas por contrabando.
La unificación de los expedientes había sido requerida por la Sala Segunda de la Cámara Federal, cuando planteó que Speroni remitiera al juez federal Jorge Urso el expediente a su cargo, reclamo que fue rechazado por el magistrado habilitando la intervención de la Casación para dirimir el conflicto de competencia.
Los voceros habituales de la Cámara de Casación se negaron a adelantar cuál será la decisión del tribunal, al asegurar que aún no se comenzó a analizar la causa, luego que desde el juzgado de Urso se remitiera un juego de fotocopias del expediente, cuando el fiscal Plee requiriera “la certificación de la causa”.
Sin embargo, las fuentes consultadas admitieron la posibilidad que en el juzgado de Urso se continúe investigando el presunto enriquecimiento ilícito de Menem, precisamente hacia donde apuntó hoy sus dardos la defensa del ex mandatario, al requerir la nulidad del decreto y el informe de la AFIP. en el cual se hacía referencia a la no justificación de 800 mil pesos en sus declaraciones juradas.
Los abogados Oscar Salvi y Oscar Roger plantearon que ese informe de las declaraciones juradas debia ser realizado por el cuerpo de Peritos Contables de la Corte Suprema de Justicia, alentados por el fallo del máximo tribunal que la semana pasada derrumbó la causa Armas, a rechazar la existencia de un asociación ilícita.
En torno a ese fallo, una de las fuentes consultadas en la Casación respaldó lo actuado por la Corte al destacar que impuso su autoridad sobre los tribunales inferiores, a la vez que rechazó el voto minoritario que planteaba que el recurso extraordinario estaba dirigido contra una resolución que no resultaba ser sentencia definitiva, y por lo tanto era inadmisible. Esta postura imponía como condición previa la intervención de la Cámara de Casación Penal.
También hizo alusión al controvertido punto “10” del fallo de la Corte en el cual se formula una severa advertencia a los jueces y fiscales intervinientes en la causa Armas , respecto de su relación con los medios de comunicación y el manejo de la opinión pública en causas sobre corrupción. Al respecto la fuente estimó que “es precisamente en ese punto en el cual la Corte reafirma su autoridad como máxima instancia de la Justicia, para refrendar su decisión acerca de la no existencia de una asociación ilícita”.
Belluscio con bronca
En tanto el ministro de la Corte, Augusto Cesar Belluscio advirtió que “los jueces deben resolver de acuerdo a derecho” y “no por la opinión de periodistas o seudoperiodistas que actúan especialmente por medios masivos que no son escritos”.
En declaraciones al programa radial “Testimonios”, Belluscio acusó a los medios de ser los responsables de la imagen negativa que se dio del fallo de la Corte (del cual fue su redactor) que permitió la libertad del ex presidente Carlos Menem y su ex asesor Emir Yoma, a partir de la inexistencia de una asociación ilícita y el rechazo de la falsedad ideológica en los decretos presidenciales.
En torno a este último punto, Belluscio advirtió que el análisis de la falsedad ideológica por el cual fue cuestionado el fallo, ya que Emir Yoma no había sido procesado por ese delito, fue introducido por la Cámara Federal cuando “dio por existente la asociación ilícita sobre la base de la pluralidad de los delitos cometidos”.
“Es un disparate jurídico”, enfatizó el alto magistrado a destacar que “los decretos son ordenes que no prueban mas que la existencia de la orden” por lo que “un decreto no es un instrumento probatorio”, sino “una orden del Poder Ejecutivo dictada dentro de sus atribuciones”.
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