Tres organizaciones de derechos humanos presentaron ante la Cámara Federal una queja por retardo de justicia por la causa donde se investigan los asesinatos de los últimos dos días del gobierno de Fernando De la Rúa, el 19 y 20 de diciembre de 2001. También solicitaron que el juez federal Claudio Bonadío eleve el expediente a juicio oral. La presentación fue hecha por el CELS, la CORREPI y la Liga Argentina por los derechos humanos que explicaron que luego de que la jueza María Servini de Cubría dejara la causa, Bonadío “informó a las partes que en 15 (días) estaría en condiciones de elevarla a juicio”. Las organizaciones señalaron que el plazo “venció hace más de 6 meses” y estimaron que Bonadío “al asumir competencia para intervenir en una causa de esta complejidad e importancia institucional también asumió la responsabilidad de cumplir los plazos legales y no dilatar el avance del proceso”. Por otra parte, criticaron la actuación de la defensa de los imputados por desarrollar “una sistemática actividad dilatoria” que frenó la elevación a juicio oral. En el expediente están imputados el ex secretario de seguridad, Enrique Mathov, el ex jefe de la Policía Federal Argentina, Rubén Santos, y los comisarios Norberto Gaudiero y Raúl Andreozzi.
La AABA contra el rechazo de los abortos no punibles
La Asociación de Abogados de Buenos Aires se mostró preocupada por los jueces que rechazan la práctica de un aborto cuando se trata de casos no punibles como violaciones a mujeres menores de edad o discapacitadas mentales. “Esta conducta que contrapone las convicciones religiosas del juzgador a las claras disposiciones de los incisos 1º y 2º del artículo 86 del Código Penal debe motivar a los órganos institucionales correspondientes a promover el juzgamiento de los responsables por mal desempeño y eventual comisión del delito de prevaricato”, señaló la entidad. Lo hizo a través de un comunicado firmado por su presidente, Beinusz Szmukler, y su secretario general, Eduardo Tavani.
Los legisladores siguen estudiando el aumento del ABL
Telerman dio marcha atrás con la decisión de un aumento del ABL por barrio y en cambio decidió crear una comisión que dispusiera una división de la ciudad más equitativa y que estudiara a fondo los efectos del aumento del impuesto ABL. Esta Comisión para la Reforma Tributaria de la Ciudad de Buenos Aires volvió a retomar la discusión sobre la división de los barrios que conforman la Ciudad en subgrupos que tengan en común las mismas condiciones y por tanto el impacto del aumento sea similar.
Los presos hacen yoga
40 detenidos de la Unidad nº 26 de Olmos, tomarán clases de Yoga dentro del establecimiento carcelario. La actividad se desarrollará durante seis días seguidos con clases de casi tres horas cada uno, pudiendo hacerse, en caso de que haya sol, al aire libre. Este plan tiene sus orígenes en una experiencia que fue llevada a cabo en la Unidad 24 –la cárcel de máxima seguridad de Florencio Varela-. En ese momento, tomaron el seminario más de 300 presos. Los detenidos aprenderán técnicas orientales de relajación y el control de las emociones negativas. También, se tratará de eliminar el stress e insomnio que padecen muchos detenidos, disminuyendo así la agresividad que produce el encierro.
La falta fue desalojar una protesta sin orden judicial
El ministro del Interior, Aníbal Fernández, ordenó al director de Gendarmería Nacional, comandante general Héctor Schennone, que "instruya el sumario correspondiente en forma inmediata para dar de baja" al personal que disparó balas de goma contra un grupo de manifestantes, en Caleta Olivia, Santa Cruz. Esto ocurre porque Gendarmería desalojó de la ruta 3 a un grupo de trabajadores de la empresa petrolera EMPASA, donde resultó herida de bala de goma una periodista local y fue detenido un dirigente gremial. El problema es que según confirmó la jueza federal de la localidad chubutense de Comodoro Rivadavia, ubicada a 70 kilómetros al norte de Caleta Olivia, Eva Liliana Parcio, " no se libró ninguna orden de desalojo".