Se trata de cerca de 80 mil mediaciones que se realizan por año y que se podrían transformar en causas judiciales. “Esto significaría involucionar de buenas soluciones alcanzadas en mediación a sentencias que nunca satisfacen a nadie”, opinó Abrevaya.
La ley que regula la actividad es la 24.573 fue sancionada en octubre de 1995, y vence el 24 de abril de 2008 cuando finalice la segunda prórroga de la norma. El Ministerio de Justicia trabaja en un proyecto para mantener en vigencia la ley. “Estamos mandando el proyecto de la Ley de Mediación, que nosotros queremos que se trate este año. Creemos fuertemente en la mediación, después de la pruebas piloto de diez años entendemos que ahora debemos instalarla en forma definitiva”, dijo la viceministra de Justicia, Marcela Losardo, en un reportaje con Diariojudicial.com.
La ley 24.573 establece la mediación obligatoria previa a todo juicio excepto para las causas penales, en aquellas que el Estado Nacional sea parte o en las que se tramiten en la Justicia del Trabajo, los divorcios, la patria potestad, amparos y hábeas corpus, concursos preventivos o quiebras, entre otro casos.
En la UMP hay preocupación por los tiempos. Para abril, en plazos legislativos falta poco, teniendo en cuenta las elecciones presidenciales de octubre, que prácticamente paralizan al Congreso, la renovación de diputados y senadores, y el receso de verano. Por eso los mediadores mantuvieron reuniones con legisladores nacionales y con asesores de Losardo.
Los mediadores pidieron hace una semana un nuevo encuentro con Losardo para abordar dos temas puntuales: las estadísticas y el control del trabajo de los profesionales. Hasta el momento no recibieron respuesta.
Al respecto la viceministra sostuvo que no cuentan con información y resaltó el alto crecimiento de la mediación privada por sobre la oficial.
“Proponemos un sistema informático que el Ministerio tiene para que genere mensualmente la información estadística de lo que cada mediador hizo. Y un sistema de control que aprenda de los sistemas que tienen otros organismos”, explica el titular de la UMP.
“Un sistema de control lo hace la Justicia. Pero sobre todo un buen sistema de control es un sistema disciplinario. El actual hace que a los mediadores los juzgue un sumariante. Y creemos que lo tiene que hacer un conjunto de pares. Que la instrucción de sumario y la definición la tendría que hacer una suerte de comisión de mediadores como en el Colegio Publico de Abogados lo hace un comité de ética”, puntualizó Abrevaya.
Por otra parte, Losardo puntualizó que de 1996 a 2006 las mediaciones oficiales pasaron de 42.457 a 6.320. Para Abrevaya “esos 6 mil casos demuestran que ambos sistemas son buenos y que el 90 por ciento entendió que la mediación privada es buena. Este es otro sistema de control”. El titular de la UMP también revindicó la “buena opinión de la temática” que tiene Losardo.
Actualización salarial
Desde la UMP también reclaman que los honorarios de los mediadores sean actualizados ya que están congelados desde 1998. “En este momento la actividad la financian los mismos mediadores, ya que nuestros honorarios fueron fijados por decreto del Poder Ejecutivo en 1998 y nunca más se actualizaron”, dice Abrevaya y le reclamó al Presidente Kirchner que firme el decreto de actualización.