La tarea de análisis la están llevando a cabo los asesores de los diputados de la comisión y prevén que comience a ser tratada por los mismos legisladores la semana que viene, siempre y cuando haya quórum en está etapa de elecciones, adelantó Romero. “Está siendo tratado por asesores donde se está contemplando un beneficio especial”, dijo la diputada sobre la iniciativa.
En dialogo con Diariojudicial.com, Romero explicó que buscarán que los presos que estudien tengan algún beneficio en el adelantamiento de su libertad, como las salidas transitorias o por estudio, libertad condicional o asistida, o semilibertad.
La discusión se inició a partir de un proyecto que en febrero le enviaron a Romero la fiscal de instrucción Cristina Caamaño Iglesias Paiz y un grupo de detenidos de la cárcel de Devoto que cursan la carrera de derecho de la UBA.
Ese proyecto establece beneficios en la libertad de los detenidos que estudien cualquier nivel del ciclo escolar desde el primario hasta una carrera universitaria. “Es un incentivo para que los presos decidan ponerse a estudiar y poder realmente intentar una resociabilización desde otro lado”, había dicho Caamaño hace un mes cuando este medio dio a conocer la iniciativa.
Los presos recibirán un beneficio según el nivel de estudio que cursen. La escala va desde dos meses por oficio aprendido; tres meses por cursar estudios primarios o secundarios; cuatro meses para el nivel terciario; y seis meses para los estudios universitarios o de postgrado. Además, por cada año de formación se sumará un mes. Todos los plazos son acumulativos pero la reducción de la pena no podrá ser mayor de 22 meses.
El beneficio es tanto para condenados y procesados y se aplicaría para todos los detenidos del país.
Según datos oficiales, en los dos servicios penitenciarios más grandes de Argentina, el federal y de la provincia de Buenos Aires, el 56 por ciento de los presos estudia. En la provincia hay alojados 24 mil detenidos de los cuales estudian 13.598. Y en el federal se capacitan 5.159 de los 9.281 detenidos.
Caamaño, que también es profesora de derecho en el Centro Universitario de Devoto, destaca que el estudio baja los niveles de reincidencia del delito. “Los que estudian tienen un 5 por ciento de reincidencia en contra de los que no estudian que tienen entre un 75 y 80 por ciento”, señala la fiscal.
“Darle impulso a la educación en las cárceles es un requisito para el éxito de la reintegración social de los detenidos y una contribución al desarrollo real y sostenible de la sociedad que la pone en práctica”, fundamenta el proyecto.