Recepción positiva

A una semana de la presentación del anteproyecto de reforma del Código Procesal Penal, distintos sectores de la comunidad jurídica se mostraron a favor del profundo cambio que se busca implementar al proceso: lo más positivo para los especialistas es el giro hacia un sistema acusatorio.

“Sustancialmente, el sentido del proyecto me parece muy positivo porque es un código que pone al juez en el lugar del tercero imparcial, lugar que siempre debe ocupar en el proceso, y ubica en cabeza de las partes el impulso de la acción”, señaló el consejero juez Luis María Cabral tras estudiar el anteproyecto entregado el lunes pasado por la comisión asesora al ministro de Justicia Alberto Iribarne.

Según la viceministra de Justicia Marcela Losardo, la elaboración del nuevo código “es una buena primera etapa”, y destacó que ahora “se tendrá que trabajar muy fuertemente en la implementación”. En ese sentido, la funcionaria adelantó que “ya se está trabajando” porque “todas las cosas se deben evaluar su satisfacción una vez que estén implementadas”. Por lo que indicó que el ministro Iribarne ya “estuvo reunido con el embajador de los EE.UU. para empezar con la capacitación de los fiscales”.

Además, Losardo señaló que “esta reforma nace como una respuesta a demandas ciudadanas que exigían mayor celeridad a los procesos judiciales” y que el nuevo código “es altamente positivo y tiene mucho consenso”. “La sociedad está segura de que se necesita una reforma, lo piden los jueces, los fiscales, los políticos, los ciudadanos”, concluyó la consejera.

En tanto que Cabral también habló de “una reorganización del Poder Judicial” y que “lo positivo es que se plasman los lineamientos constitucionales marcados incluso por la jurisprudencia de la Corte, que surgen de los tratados internacionales y de los mismos lineamientos del artículo 18 de la Constitución, que deben tenerse presente en el proceso penal”, dijo el consejero.

Además, el magistrado remarcó que “este es el sentido en el cual se debe avanzar para una reforma procesal penal”. Mientras que sobre las posible falencias que pueda tener el código señaló que “esta es una tarea de permanente perfeccionamiento, la experiencia irá demostrando tanto ausencias como nuevas necesidades, pero lo sustancial es que hoy en día está requiriendo la comunidad jurídica este cambio que es un cambio cultural acerca de los que es el proceso penal y cual es la participación en el de los jueces y los fiscales”.

La reforma procesal también es vista con buenos ojos desde la oposición. Ricardo Gil Lavedra, ex ministro de Justicia, ex miembro de la Corte y actual candidato a senador por la UCR porteña, dijo que “cualquier enmienda que tienda a ligerar la etapa acusatoria, eliminando las constantes apelaciones, recusaciones, etc, es bienvenida”, y señaló que es un cambio que “va en sintonía con los códigos modernos, lo veo muy bien en general”.

Además, remarcó que “desde hace bastante tiempo que había que introducir una reforma al proceso penal para tornarlo más acusatorio, que es lo que se asemeja a lo establecido en la Constitución”.

En el mismo orden de ideas opinó el ex juez federal Alberto Piotti, que dijo que “la utilidad de la reforma se conecta con la necesidad de reducir los lapsos de sustanciación de los procesos” y que se trata de “un sustancial progreso en la legislación procesal penal vigente”.

El nuevo código procesal, que tiene como principales novedades dejar en manos del Ministerio Público la etapa acusatoria, introducir el criterio de oportunidad y reforzar el sistema oral, fue elaborado por una comisión asesora. Esta estuvo integrada por los diputados Juan Beccani, Luis Cicogna, Rosario Romero; los senadores Ernesto Sanz, Vilma Ibarra y Miguel Pichetto; los jueces Luis García y Adriana Ledesma; el secretario general de la Procuración, Adrián Marchisio; el fiscal Jorge Di Lello y las defensoras oficiales María Fernanda López Puleio y Silvia Martínez, el representante académico Fernando Díaz Cantón, y el investigador Marcos Salt. Mientras que Carlos Baraldi estuvo a cargo de la coordinación.

Sobre el trabajo realizado, Díaz Cantón señaló que “la experiencia fue excelente” y que “hubo mucho debate enriquecedor porque la comisión representaba todos los intereses que se relacionan con el quehacer procesal penal”.

Finalmente, respecto al tratamiento legislativo del proyecto, Losardo expresó su deseo de que sea tratado y aprobado antes de fin de año por el Congreso porque “es un tema de urgencia”.

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