Para este jueves estaba previsto en la Suprema Corte bonaerense definir dos planteos de inconstitucionalidad del impuesto a la riqueza. Fueron presentados por contribuyentes que objetan la aplicación del tributo pues argumentan que implica una doble imposición lo que está explícitamente prohibido por la Constitución. Sin embargo su tratamiento fue postergado, aunque según explicaron en una acordada, el tema sí se comenzó a debatir pero no se alcanzó a tomar una decisión, que sería la próxima semana. El impuesto en cuestión está vigente desde comienzos de septiembre y consiste en un adicional de los impuestos Inmobiliario y Automotores (patentes) que afecta sólo a los contribuyentes que tengan un patrimonio global superior a los 500 mil pesos.
La investigación de la represión de 2001 podría quedar sin efecto
Los investigación judicial por la represión ocurrida en 2001 que llevaron a la renuncia del presidente Fernando De la Rúa, podría quedar sin afecto, ya que el ex jefe de la Policía Federal, Rubén Santos, pidió la nulidad de todo lo actuado por la jueza federal María Servini de Cubría. La solicitud fue presentada ante el juez Claudio Bonadío, que se hizo cargo de la causa tras la excusación de Servini de Cubría. Santos sostiene que la magistrada actuó con "ausencia de imparcialidad" porque "fue parte en los hechos investigados e impartió órdenes que influyeron en el curso de los acontecimientos". La presentación se hizo a poco de conocerse una resolución de la Sala II de la Cámara Federal en la que se le ordenó a Bonadío que se "expida con celeridad" en la elevación a juicio de Santos, del ex secretario de seguridad Enrique Mathov y los ex comisarios Raúl Andreozzi y Norberto Gaudiero, a cargo de los procedimientos.
Reclaman más recursos para el juicio por el doble crimen de la Dársena
Los jueces del tribunal oral que juzgará el asesinato y descuartización de dos jóvenes en enero de 2003 en Santiago del Estero, caso que se conoció como el “doble crimen de la Dársena”, se reunieron este jueves con los magistrados del Superior Tribunal de Justicia (STJ) provincial. La reunión fue para solicitarles más recursos para el debate previsto para mediados de mes. Los jueces Osvaldo Pérez Roberti, Graciela Viaña de Avendaño y Rosa Piazza de Montoto, integrantes de la Cámara de Juicio Oral en lo Criminal y Correccional de 2º, se reunieron con tres jueces del STJ, encabezados por su presidente, Armando Suárez, y le pidieron más recursos humanos y materiales para realizar el juicio. Se trata del caso donde fueron asesinadas Leyla Nazar y Patricia Villalba y por el que hay detenidas siete personas, entre ellas el ex jefe de Inteligencia de la provincia, Antonio Musa Azar, y su hijo. Los restos del cuerpo de Nazar fueron encontrados en una reserva ecológica propiedad de Azar. Se sospecha que fue asesinada durante una fiesta sexual y luego descuartizada. Por su parte, Villalba habría sido asesinada para que no contara lo sucedido luego de saber que Nazar había sido asesinada. El caso derivó en un escándalo social y político que terminó con el gobierno de Nina Juárez que fue intervenido.
Orden de arresto en la causa Pinochet
El juez Carlos Cerda dispuso la detención de toda la familia del dictador Augusto Pinochet y de sus asesores más cercanos. Se los acusa del delito de "malversación de caudales públicos", vinculado a las millonarias cuentas que tiene la familia en el Banco Riggs de Londres. El actual gobierno se mostró satisfecho con el actuar de la Justicia, así el ministro del Interior subrogante, Felipe Harboe, dijo que "se están ejecutando las órdenes como corresponde al cumplimiento de una orden" judicial. En similar sentido, la mandataria del país afirmó que "este es un país donde nadie está sobre la justicia y, por lo tanto, entiendo que no debiera haber ninguna agitación". La resolución no alcanza solamente a la familia (viuda e hijos) sino también a todos aquellos que estuvieron en su momento a cargo de la Casa Militar desde donde se desviaron los fondos públicos en beneficio del dictador chileno, de su familia y de los más allegados.
Polémica por interrogatorios "severos" en EEUU
La Casa Blanca negó hoy que el Departamento de Justicia de EEUU haya dado luz verde en secreto, en el año 2005, al uso de la tortura contra detenidos. La acusación apareció en un artículo de The New York Times lo que motivó la reacción de la Casa Blanca: "Este país no tortura. La política de Estados Unidos es que no torturamos y no lo hacemos", aseguró hoy la portavoz Dana Perino. De acuerdo con el artículo del prestigioso diario norteamericano, el ex secretario de Justicia de Estados Unidos, Alberto Gonzales, emitió en febrero de 2005 un documento secreto en el que explícitamente autorizó el uso de métodos coercitivos durante interrogatorios a detenidos. Los métodos cuestionados serían simulacros de ahogamientos, uso de frío y calor extremos, golpes en la cabeza, privación de sueño y otras prácticas causantes tanto de daño físico como psicológico. Los demócratas no quedaron satisfechos con las explicaciones de la Casa Blanca y pidieron explicaciones del Departamento de Justicia. El presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes de EEUU, John Conyers, le mandó una carta al fiscal general interino, Peter Keisler, quejándose de que el Departamento de Justicia no mantuviera informado al Congreso a este respecto y le pidió aclaración sobre el documento que emitió el ex secretario de Justicia Gozález. En 2006 el Tribunal Supremo norteamericano dictaminó que las Convenciones de Ginebra sobre derechos humanos, se aplicaban también a los prisioneros acusados de terrorismo miembros de la organización Al Qaeda. A pesar de la opinión de la Justicia, en julio de 2006, Bush firmó una nueva norma ejecutiva autorizando las "intensificadas" técnicas de interrogación, que, según el artículo de The New York Time, siguen siendo secretas. Según el diario, el "severo" programa de interrogatorios fue diseñado por la CIA, luego de asesorarse con los servicios secretos de Egipto y Arabia Saudita y copiando métodos extremos usados en la ex Unión Soviética. La Unión de Libertades Civiles de EEUU (ACLU) pidió que se nombre un fiscal independiente para investigar el abuso de autoridad y el posible uso de la tortura contra detenidos. Alberto González era uno de los principales asesores y una persona de extrema confianza de George W. Bush, renunció el pasado 27 de agosto al verse involucrado en un escándalo político por el despido de ocho fiscales.