El Consejo debe mostrar quiénes son sus asesores

Haciendo lugar a un nuevo pedido de la Fundación Poder Ciudadano, los consejeros aprobaron un dictamen que obliga a la administración a elaborar un informe con el listado de empleados administrativos y asesores que integran el organismo. Allí también deberán especificar sus respectivas remuneraciones, pues el objetivo es garantizar la transparencia y el acceso a la información pública del Consejo de la Magistratura.

La decisión del Consejo llegó luego de un largo debate sobre los alcances del dictamen de mayoría de la comisión y el propuesto por la diputada Diana Conti, que fue el finalmente aprobado con siete votos.

Así, se estableció “hacer lugar a la petición de la Fundación Poder Ciudadano y entregar al requirente un listado completo de todos los empleados administrativos y asesores de los Consejeros que trabajan en este Cuerpo en la actualidad, especificando sus categorías y los sueldos brutos de cada uno. Además de “incluir la referida información en el sitio Web del Poder Judicial de la Nación”.

La especificación de elaborar el informe con el sueldo en bruto fue lo que generó la controversia con el dictamen de mayoría que finalmente fue descartado. En él se establecía en el considerando quinto “incluir los salarios netos, excluyendo las deducciones por préstamo, embargos, afiliación gremial y cualquier otro dato sensible”, algo que para muchos consejeros generaba dudas sobre su alcance.

Según explicó Conti, en el informe de la administradora que acompañaba el dictamen de la mayoría dice que en los sueldos “no se incluye adicionales y descuentos relacionados con la situación particular de cada empleado, a saber: compensación funcional 25%, bonificación por antigüedad 2%, bonificación por permanencia en la categoría 10 % a partir de los 3 años”. “Eso no lo incluye y surge que el sueldo más alto es 7.723 pesos y eso es mentira”, afirmó la diputada.

Por eso, pidió “que la administración reelabore el informe” y destacó que “los consejeros tenemos derecho a saber cuales son los ingresos del plantel del Consejo, porque sin saber el dinero que se utiliza en remuneraciones y la funcionalidad que ese presupuesto tiene para el cuerpo, no vamos a poder llevar a adelante los objetivos por los cuales se reformo la Magistratura”.

Además, indicó que con esos datos que se darán a conocer “a lo mejor podemos disponer que hay excedentes de recursos humanos y económicos y transferirlos al Poder Judicial, ya que esa gente mejor podría cumplir la tarea judicial que la burocrática de este cuerpo”.

El mismo criterio tuvieron los representantes del radicalismo. “El dictamen de Conti es lo que se ha pedido y lo que está en el espíritu de todos los consejeros”, dijo Ernesto Sáenz, que instó para que el tema no se postergue y se apruebe definitivamente. Mientras que el presidente Pablo Mosca, que había sugerido un nuevo tratamiento de la cuestión por los malos entendidos, terminó acompañando el texto aprobado y señaló que “acude al principio de transparencia como eje de la gestión”.

Los que estuvieron en desacuerdo fueron los representantes de los jueces, Cabral, Bunge Campos y Gálvez, y el abogado Santiago Montaña.

Por otra parte, aunque en el mismo camino de garantizar el acceso a la información pública, los consejeros acordaron que tomarán como base el formulario que utiliza la Oficina Anticorrupción para hacer pública las declaraciones patrimoniales de los jueces. Este tema se había aprobado en el anterior plenario, también por un pedido de Poder Ciudadano y de dos periodistas del diario La Nación.

La Comisión de Reglamentación es la que deberá elaborar el referido formulario y luego lo elevará al plenario para su aprobación, algo que no sucederá antes del 8 de noviembre, ya que el encuentro del próximo 25 de octubre fue postergado debido a la proximidad de las elecciones presidenciales.

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