La iniciativa fue girada al Senado y se prevé que tenga tratamiento después de las elecciones del próximo 28 de octubre.
Las físcalías contarán con competencias que van desde promover y ejercer la acción pública, realizar la instrucción penal, recibir las denuncias, implementar operativos. También deberán reunir todo tipo de evidencia para lo cual podrán utilizar “las distintas dependencias judiciales, administrativas y policiales provinciales, como asimismo los medios de instituciones nacionales e internacionales especializadas en la protección del medio ambiente”.
Por otra parte, la iniciativa habilita a los fiscales a “confeccionar y mantener actualizado un registro de profesionales” sobre la materia “los cuales podrán ser convocados como peritos ante la ausencia de expertos oficiales en la especialidad requerida o cuando lo considere necesario el Agente Fiscal”.
El proyecto original del diputado del Frente para la Victoria Juan Bautista Zitti creaba sólo fiscalías ambientales. Pero a pedido de la procuradora general de la provincia, la jefa de los fiscales, María del Carmen Falbo, se les agregó la competencia sobre delitos rurales.
El pedido se basó en que en el interior de la provincia son comunes los delitos en los campos, como por ejemplo el abigeato.
La misma procuración será la encargada de determinar el lugar físico de ubicación de cada fiscalía en los departamentos judiciales de la provincia. Cada fiscalía estará a cargo de un agente fiscal pudiéndose incorporar adjuntos y todo el personal que el propio Ministerio Público determine.