En otro embate contra el plus salarial que cobraron los miembros del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén por su trabajo en la Junta Electoral, los empleados judiciales de la Provincia hicieron una presentación ante el Fiscal de Estado pidiéndole su intervención para que logre la nulidad de los aumentos y la devolución del dinero que ya recibieron.
El escrito del Sindicato de Empleados Judiciales de Neuquén (SEJUN) solicita la “inmediata intervención y participación al Fiscal de Estado en un hecho que por sus alcances e incidencia en la vida Institucional de la Provincia, agravia a la ciudadanía toda y provoca una profunda desazón ética en todos los que integramos el Poder Judicial”.
Así, instaron al fiscal Raúl Gaitán a iniciar las “acciones pertinentes” para lograr la nulidad de los acuerdos por los que el TSJ dispuso una compensación salarial del 33 por ciento para los “Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial afectados a Comicios”. En tanto que también piden que los miembros del tribunal repitan “los fondos que en concepto de compensaciones han percibido transgrediendo la Constitución”.
Los judiciales sostienen que la Constitución de la Provincia establece que el trabajo de los jueces en la Junta Electoral “es permanente” y forma parte de sus funciones. Por lo que señalan que ahora, el TSJ, “dejando de lado más de 40 años (con las interrupciones en la vida democrática) de conducta coherente de distintas integraciones, rompe con aquél criterio y “descubre” que las funciones en la Junta Electoral no es normal, ni habitual, sino que excede a las funciones para las cuales han sido designados en la máxima Magistratura”.
“En un momento de la vida Institucional, donde los ciudadanos reclaman –con toda razón- transparencia, moral, honestidad, uso correcto de los fondos públicos, y se debate en la lucha por un salario que cubra la canasta familiar, no actuar ante situaciones como la descripta importa avalar estos despropósitos”, le indicaron los empleados judiciales al fiscal.
Por el mismo tema, hace dos semanas la asociación Convocatoria Neuquina por la Justicia y la Libertad de Expresión presentó una acción de inconstitucionalidad cuestionando la compensación que percibieron los vocales Eduardo Badano, Felipe Cía y Jorge Sommariva, el fiscal Alberto Tribug y el juez Humberto Mazzitelli.
Los cobros que se critican representaron ingresos de entre 5.000 y 6.000 pesos (en función de salarios que rondan los 15.000 pesos por mes) y fueron dados a conocer por un periodista del diario Río Negro en julio pasado.
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