La incorporación de mecanismos de participación ciudadana a partir de la reforma constitucional de 1994 abrió un nuevo camino en la búsqueda de transparencia institucional. Sin embargo, su puesta en práctica sigue siendo por estos días el principal problema. Lo mismo ocurre en la Legislatura porteña con la implementación de la Tribuna Popular, que hace varios años que está en estudio en el recinto sin llegarse a la aprobación definitiva de su reglamentación.
La Tribuna Popular es un instituto introducido por los artículos 76 y 77 del Reglamento Interno de la Legislatura que “permite efectuar planteos en sesión plenaria, sobre temas de especial interés para la Ciudad, por parte de organizaciones no gubernamentales y personas que resulten autorizadas de acuerdo con la Resolución que reglamente su ejercicio”.
En 2006, legisladores de distintas bancadas presentaron cinco proyectos para lograr su reglamentación pero no hubo final feliz. En noviembre de ese año, la Comisión de Descentralización y Participación Ciudadana dio el visto bueno a un despacho favorable, pero finalmente el pleno del recinto no llegó a aprobarlo. Algo que va camino a repetirse este año.
“La Legislatura es un ámbito político y hay muchos que tienen temor de desatar esta institución de participación, hay que ser capaz de escuchar, pero no todos están dispuestos”, dijo la diputada Beatriz Baltroc, que subscribió una de las iniciativas. Por su parte, Facundo Di Filippo, del ARI, sostuvo que “por cuestiones políticas, todos los proyectos de participación, que tienen a la transparencia, son trabados en esta casa”.
El despacho 1142, que volverá a ser puesto a consideración del pleno del recinto, establece que podrán hacer uso de la Tribuna Popular “las personas físicas, entidades de bien público, organizaciones sociales y/o entidades que propendan a la defensa de los derechos de incidencia colectiva que desarrollen sus actividades en al ámbito de la Ciudad”.
La Secretaría Parlamentaria será la encargada de coordinar la participación, recibiendo por escrito o Internet la solicitud de quienes quieran hacer uso del instituto. Mientras que se señala que el tiempo de cada manifestación será de “10 a 15 minutos por orador, estableciéndose un máximo de 60 minutos para el conjunto de oradores inscriptos para una misma sesión”.
“La Legislatura ya tiene una modalidad bastante participativa, en las comisiones, durante la primera media hora los ciudadanos pueden acercar sus propuestas e inquietudes, por lo que llevar eso al pleno va en la misma línea de funcionamiento”, explicó la diputada Silvia La Ruffa. En tanto que agregó que los antecedentes de sesiones conflictivas como cuando se aprobó la ley de educación sexual o el código de faltas pudo haber sido lo que desalentó a algunos a organizar este instituto de la Tribuna Popular.
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