Este miércoles comenzará la cuarta audiencia pública en la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la contaminación en la cuenca Matanza – Riachuelo y que se extenderá también durante el jueves y viernes. Las 61 partes demandadas, estados, municipios y empresas, responderán sobre las medidas tomadas y la aplicación del plan de saneamiento que el Máximo Tribunal les ordenó elaboran en septiembre de 2006 a los gobiernos de la nación, la ciudad y la provincia de Buenos Aires. En representación de los Estados expondrá el procurador del Tesoro de la Nación, Osvaldo Guglielmino. La causa fue iniciada por los vecinos de los barrios de Dock Sud y Avellaneda y también están demandados 14 municipios bonaerenses y 41 empresas. La audiencia comenzaran a las 10 yse desarrollaran en la Sala de Audiencias del cuatro piso Palacio de Tribunales.
Cambios en la reforma de la Ley de Defensa del Consumidor
En el marco de la tratativa de la reforma de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor, el Senado desestimó la posibilidad de que los clientes puedan denunciar a contadores, abogados y otros profesionales independientes frente a la Secretaría de Comercio exterior. Luego de obtener media sanción en la Cámara de Diputados, el proyecto fue modificado por el Senado para plasmar los cuestionamientos de Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y del Consejo Profesional de Ciencias Económicas porteño –entre otras entidades profesionales- que argumentaron que sus representados, tienen –al estar colegiados- mecanismos y normas que regulan el ejercicio profesional. Los cambios en la norma serán revisados en el recinto de la Cámara Alta, el miércoles próximo.
Descaradamente descarado el pedido de la defensa
Alegando que el represor Héctor Febres no consideraba "presos políticos a los detenidos que llegaban a la ESMA", la defensa oficial pidió este martes que se absuelva a su representado por los delitos de lesa humanidad por los que es juzgado en los tribunales federales de Comodoro Py. El requerimiento del defensor Víctor Valle se contrapone de esta manera al pedido de 25 años de prisión realizado por la querella y la fiscal Mirna Goransky, quien la semana pasada, en sus alegatos, sostuvo que el acusado cometió "incontables felonías" en el centro clandestino de detención que funcionaba en la ESMA durante el autodenominado "Proceso de Reorganización Nacional". El juicio oral y público contra Febres es llevado a adelante por el Tribunal Oral en lo Federal Cinco (TOF5), que prevé dar a conocer el veredicto el próximo 14 de diciembre y el 21 el texto íntegro de los fundamentos de la sentencia.
Argentina comprometida contra la ideología nazi
La Argentina se comprometió este martes a brindar cooperación en la búsqueda de criminales nazis en el marco de la fase final de la llamada "Operación última Oportunidad", que lleva adelante el Centro Simón Wiesenthal. El compromiso lo asumió el ministro del Interior, Aníbal Fernández, ante Ephraim Zuroff, director de la oficina israelí y principal experto de esa misión. El encuentro se realizó en el despacho del ministro, ubicado en la planta baja de la Casa de Gobierno. El propósito de la ayuda nacional es detectar y detener a criminales de guerra nazis en cuatro naciones de América Latina para su posterior juzgamiento.
Reclamo carnívoro
Las principales agrupaciones del campo - Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), la Federación Agraria Argentina (FAA) y la Sociedad Rural Argentina (SRA)- acudirán a los jueces del fuero Contencioso Administrativo Federal para alegar que las nuevas retenciones a las exportaciones (anunciadas recientemente por el presidente Kirchner) son confiscatorias, discriminatorias e inconstitucionales por estar establecidas por un Decreto de Necesidad y Urgencia. Tomás Wilson Rae, abogado la SRA, aseveró que si las retenciones son un impuesto, “deberían cumplir con las condiciones legales de ese tipo de tributo, y ningún impuesto puede ser creado por decreto”. Wilson Rae criticó fuertemente al gobierno, acusándolo de tener “vicios de inconstitucionalidad”, al tiempo que manifestó su voluntad de que se decida por un derecho y no por decisión política.
10 ex ministros de Fujimori sentenciados por el auto-golpe del ´92
La Sala Penal Especial de la Suprema Corte de Perú sancionó a diez ex ministros de Fujimori a entre cuatro y diez años de prisión por participar en el golpe de Estado impulsado por el ex mandatario en abril de 1992. El más perjudicado con el fallo fue Juan Briones, el entonces ministro del Interior, a quien se le otorgaron diez años de cárcel, por los delitos de rebelión y secuestro. Además, deberá pagar una reparación civil de casi 17.000 dólares. En lo concerniente a los otros nueve ex funcionarios enjuiciados (Jaime Yoshiyama, Carlos Boloña, Absalón Vásquez, Víctor Joy Way, Oscar de la Puente, Jaime Sobero, Alfredo Ross Antezana, Víctor Paredes y Augusto Antonioli), deberán abonar un millón de dólares en el mismo concepto que Briones. Sin embargo, el fallo es apelable, por lo que es probable que varios de los condenados interpongan el recurso. En tanto, Fujimori continúa procesado por corrupción y violaciones a los derechos humanos durante su gobierno, y se cree que será juzgado en diciembre.