El fiscal Delgado solicitó que media decena de ex militares vayan a juicio, acusados de delitos de lesa humanidad. La medida alcanzó a los presuntos represores Guglielminetti, apodado "Capitán Guastavino"; al comodoro Néstor Guillamondegui, al coronel Rubén Visuara, al general Eduardo Cabanillas y a los ex agentes de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) Honorio Martínez Ruiz y Eduardo Rufo. En igual sentido, la semana pasada el juez federal Sergio Torres elevó a juicio oral y público a 17 represores de la última dictadura militar, encabezados por el ex dictador Jorge Rafael Videla, por su intervención en el denominado Plan Cóndor. Por el momento, son 34 los implicados en la causa, de los cuales 24 se encuentran procesados y 10 de ellos están cumpliendo prisión preventiva.
Apoyo de la Defensoría al Servicio Penitenciario
La Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación respaldó los avances en materia penitenciaria que se lograron en la actual gestión aunque también advirtió que falta mucho por hacer. Lo hizo al criticar un informe de la Procuración Penitenciaria que, entre otros datos publicados el último domingo, da cuenta que el 63,4 por ciento de los presos del Servicio Penitenciario Federal (SPF) habría sufrido alguna agresión física. “Entendemos que la descripción de un cuadro empírico de la magnitud del descripto, no se ajusta a la realidad”, expresó a la Comisión (que al igual que la Procuración trabaja en mejorar las condiciones de detención) a través de un comunicado firmado por sus titulares, Sergio Paduczak, Catalina Moccia de Heilbron y Silvia Martínez. Los defensores también destacaron el trabajo del director del SPF, el civil Alejandro Marambio: “La tarea desarrollada durante los cinco meses transcurridos desde su puesta en funciones ha importado un verdadero cambio en la cosmovisión de la institución, que ha sido reconocida por el titular del ILANUD y por la Presidencia de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional y que se tradujo en muchas y profundas reformas en el área”. Entre ellas, destacó la eliminación de la superpoblación y la restauración del hospital penitenciario en la cárcel de Devoto, la reforma integral de en la Unidad 20 de tratamiento psiquiátrico y la inauguración de dos nuevas cárceles en el norte del país. Pero la Comisión señaló que “aún es mucha la tarea pendiente, mucho más si tenemos en cuenta que la inercia propia de la cárcel hace que resulte difícil sostener cualquier mejora que se efectúe, y en consecuencia mucho más difícil deviene concretar medidas que impliquen un salto cualitativo en la gestión de la institución”.
Más escuchas indebidas
En octubre, la Justicia de la provincia de Buenos Aires comenzó su investigación sobre la utilización de equipos de la SIDE que permitían interceptar, sin orden judicial, unos cien teléfonos de ministros del gobernador Felipe Solá, legisladores y líderes de la oposición. La causa se inició en el momento en que el fiscal bonaerense Claudio Scapolán, allanó en marzo una central telefónica en la localidad bonaerense de Garín (partido de Escobar), en una investigación por las amenazas contra el subsecretario de Ingresos Públicos bonaerense Santiago Montoya. Allí se encontró un equipo con capacidad para interceptar unos 4.000 mil teléfonos fijos y celulares. El pasado lunes, peritos y funcionarios que investigan el caso, determinaron que fueron “pinchados” por la SIDE los teléfonos de los sesenta legisladores de la Ciudad, de todo el gabinete del gobernador bonaerense, Felipe Solá, que incluye a sus ministros y secretarios, entre los que se encuentra Santiago Montoya, así como también, la central de conmutación de la Cámara de Diputados con sus seiscientos teléfonos internos. Una nueva pericia judicial hecha el pasado 28 de noviembre en la Universidad Tecnológica Nacional, determinó que el equipo interceptor ya no está en Garín, sino que ahora utilizan un dispositivo mucho más sofisticado que opera dentro del área metropolitana de Buenos Aires.
Juró Guillermo Catalano como juez de la Corte de Salta
Luego del visto bueno dado por el Senado el pasado jueves, Guillermo Alberto Catalano juró este lunes como miembro de la Corte de Justicia de Salta. Catalano, que fue designado por decreto 3424 del Poder Ejecutivo, se desempeñaba como secretario Legislativo del Senado. La Cámara Alta aprobó su designación a pesar de la abstención de los tres senadores renovadores y los dos radicales. El acto de asunción fue realizado en el salón auditorio de la Ciudad Judicial salteña y participaron el presidente del Alto Tribunal, Guillermo Posadas, la vicepresidenta María Cristina Garros Martínez y el Juez de Corte Gustavo Ferraris. También estuvieron presentes los miembros del Colegio de Gobierno del Ministerio Público encabezados por el Procurador General, Aldo Rogelio Saravia, la Defensora General, Adriana Arellano y la Asesora General de Incapaces, Mirta Lapad. En tanto que en representación del Poder Ejecutivo asistió Manuel Brizuela, Ministro de Gobierno.
El catedrático español Norberto De La Mata disertará en la UBA
El catedrático español Norberto De La Mata disertará este miércoles en la Facultad de Derecho de la UBA sobre “La determinación judicial de la pena. El principio de proporcionalidad como garantía”. De la Mata es un reconocido jurista europeo y autor de ocho libros y más de 50 artículos especializados en Derecho Penal. Es investigador de ocho universidades del mundo, entre ellas la de Buenos Aires y fue juez de la Audiencia Provincial de Vizacaya, en España. El encuentro es organizado por el Departamento de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Derecho de la UBA y por la Defensoría General de la Nación. La entrada es libre y gratuita y requiere previa inscripción al 4816-0167 o al mail jurisprudencia@mpd.gov.ar . Se entregarán certificados de asistencia.