A poco de terminar el año legislativo, la cámara de Diputados de Catamarca tiene en estudio un proyecto de resolución para pedirle a Corte de Justicia local que incluya dentro de la previsión de gastos de 2008 del Poder Judicial los recursos necesarios que posibiliten la puesta en funcionamiento del tribunal que juzgue los delitos contra la administración pública.
Ese nuevo fuero penal fue creado por la ley 5.047 en 2001, pero al día de la fecha aún no fue llevado a la práctica. Por eso, la preocupación del diputado catamarqueño Mario Perna, que tal como lo hizo en 2002, reflotó el pedido para que el Poder Judicial prevea la implementación del mandato legislativo.
Según la norma, se prevé que el Fuero Penal de Delitos contra la Administración Pública tenga competencia exclusiva en los hechos ilícitos que se realicen en perjuicio de la Administración Pública Provincial y Municipal previstos en el Código Penal y las leyes complementarias, en todo el territorio de Catamarca.
“Es importante señalar que la competencia que le asigna la norma de mención es exclusiva, y en caso de concurrencia con otro tipo de delitos la competencia le corresponderá siempre que los hechos no Importare un delito más severamente penado de competencia material o corresponda a la competencia federal”, se remarca en los argumentos del proyecto.
La idea de Perna es incluir los gastos del futuro tribunal en el presupuesto 2008, y a partir de allí comenzar a realizar los concursos de cobertura de cargos, que requeriría de una selección especial.
Además, la ley 5.047 prevé también la creación de un Cuerpo Interdisciplinario de Asistencia Técnica al Fuero Penal en delitos contra la Administración Publica. Esto, según el proyecto, “en atención a la caracterización de este tipo de delitos y la necesaria especialización que requiere el personal”.
Para el diputado Perna, “a nadie escapa la complejidad de las diversas acciones del Estado en orden a satisfacer las múltiples funciones que encara conforme el objeto final de su instauración, cual es el Bien Común; propósito que en innumerables ocasiones se ve desdibujado ante hechos o situaciones que encuadran en categorías delictivas, que tipifica y sanciona el Código Penal y leyes complementarias.
Así, es que estimó “indispensable la pronta implementación y funcionamiento del Fuero, a los fines de comenzarle a devolver credibilidad a la cosa pública”.
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