Según los distintos testigos y documentos presentados ante la Justicia, Fujimori usó a espías militares de la presidencia para armar un falso operativo fiscal en el que se apropió de 70 valijas y cajas que su asesor de inteligencia, Vladimiro Montesinos, escondía en la casa de su esposa Trinidad Becerra.
El hecho ocurrió el 7 de diciembre de 2000, cuando Fujimori ingresó ilegalmente a la vivienda de Becerra para incautar los videos que lo involucraban –a él y a su gobierno en una red de corrupción.
Cuando el magistrado Urbina leyó la sentencia, aprovechó para remarcarle que el ex gobernante "no ha facilitado el objetivo del proceso, no se sometió voluntariamente a la justicia, ni se puso a derecho, sino que su procesamiento es consecuencia de un largo proceso de extradición". Además, señaló que ex primer mandatario no mostró "sincero arrepentimiento".
No sólo seis años de prisión se prevén para Fujimori -quien además deberá pagar 135.000 dólares en concepto de reparación de la Administración Pública- sino que también será inhabilitado por dos años para ocupar cargos públicos.
A raíz de lo resuelto, el condenado le informó al juez que presentaría un recurso de nulidad parcial de la sentencia. En tanto su abogado, César Nakazaki, consideró que la condena debería haber sido por cuatro años, y no seis como se le asignaron, porque su cliente se habría mostrado “arrepentido”.
En el 2000, luego de terminar su mandato, Fujimori se refugió durante cinco años en Japón, para luego viajar a Chile. Allí, fue detenido y extraditado para que se lo enjuiciara por casos de corrupción – tal como el que fue concluido - y otros de violaciones a los derechos humanos ocurridos en su gobierno, que dejaron un saldo de 25 muertos.
Desde la extradición desde Chile, este es el primer fallo en su contra, e incluso es la primera decisión de la Justicia de Perú, que condena a un ex jefe de Estado.
Los demás procesos que debe afrontar Fujimori, comenzaron el pasado lunes, acompañados por episodios de presión arterial que dijo sufrir Fujimori, y continuarán el miércoles próximo.
En las otras causas se lo acusa –entre otros cargos- de ser autor intelectual en el asesinato, tortura y lesiones graves por las matanzas en el vecindario limeño de Barrios Altos y en la Universidad La Cantuta, -entre 1991 y 1992- a cargo de por un comando de la muerte llamado Grupo Colin.