Hace ya casi seis años, Venezuela vivió una serie de jornadas –entre el 11 y el 14 de abril de 2002- que confluyeron en un caos institucional. El desorden provocó que Chávez abandonara transitoriamente su cargo y fuera reemplazado provisionalmente por el entonces presidente de la Federación de Cámaras de Comercio y de Industria de Venezuela, Pedro Carmona Estanga.
El decreto recientemente firmado por el presidente venezolano, alcanza a aquellos que estuvieron vinculados en los incidentes, a quienes se les concederá la amnistía. En cambio, excluye a quienes no se pusieron a derecho y aquellos que estén procesados por delitos de lesa humanidad.
Como consecuencia de esa medida, tomada según el presidente con la intención de terminar con la figura de “preso político”, se extinguirá la acción penal seguida contra los acusados, quienes no podrán ser perseguirlos por las mismas causas ni ser juzgados por aquellos hechos. Para gozar del beneficio, los interesados deberán presentarse ante las autoridades.
El artículo 3º del documento establece que: “Los órganos judiciales militares o policiales en los cuales reposen registros o antecedentes sobre personas amparadas por la presente ley, deberán, previa notificación y autorización del fiscal general de la República, eliminar de sus archivos los registros y antecedentes relacionados con ellas”.
No se sabe con precisión cuantos serán beneficiados con la medida, aunque sí que entre ellos estarán quienes redactaron y firmaron el decreto que acabó con todas las instituciones democráticas. Sin embargo hay quienes creen que la iniciativa fue restrictiva y reclaman que se amplíe hacia aquellos que se encuentran asilados en el extranjero. En ese sentido, opinó Mónica Fernández, representante del Foro Penal Venezolano, que entendió que esos casos “son parte del mismo delito político”.
Otros que serán alcanzados por el decreto son operarios de los buques petroleros que dispusieron paro en el 2002 y quienes estuvieron relacionados con actos de rebelión civil hasta el 2 de diciembre de 2007, entre otros ilícitos.
La decisión fue publicada en un número extraordinario de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. El presidente declaró que busca la paz y el no perseguir a quienes hayan cometido delitos de rebelión civil o de instigación a delinquir.
Por otra parte, le concedió – a través del decreto 5.789- el indulto a 36 presos por los siguientes motivos: cumplieron más de la mitad de su condena, tuvieron buena conducta o por razones humanitarias de salud. La medida en este caso implica que a los convictos se les perdone el acatamiento de la pena.