Tal como les fuera requerido este miércoles por el juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky, tanto la Cancillería como el Ministerio de Justicia a través del Registro Nacional de la Propiedad Automotor, hicieron saber que recién para el día viernes podrán acompañar a esa sede judicial los legajos correspondientes a los casi 100 trámites de franquicias impositivas para la importación de autos destinados al cuerpo diplomático. Los trámites se encuentran bajo sospecha a raíz de una denuncia promovida por el Ministerio de Relaciones Exteriores y la propia Aduana. El propósito del juez Aguinsky sería realizar el cruzamiento entre los autos importados mediante esa franquicia, registrados a nombre de terceras personas y el sumario de Cancillería que detectó las presuntas irregularidades. De ese cotejo se obtendrá la chapa patente y el nombre del actual titular del dominio y el del diplomático que pudo haber usado esa franquicia en infracción al régimen vigente. Este requerimiento documental resulta indispensable para avanzar en la determinación fehaciente de los datos actuales de los vehículos, de sus titulares y de la franquicia que posibilitó su importación y su posterior transferencia.
Se viene el nuevo Registro de las Personas Jurídicas
El conocido jurista, ex ministro de Justicia y ex legislador, será propuesto para encabezar la Inspección General de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. El cargo todavía no existe pero será creado por la Legislatura Porteña como lo prevee el artículo 80 inciso 25 la Constitución de la Ciudad. Dice textualmente que la Legislatura de la Ciudad “Regula la organización y funcionamiento de los registros: de la Propiedad Inmueble, de Personas Jurídicas y del Estado Civil y Capacidad de las Personas de la Ciudad y todo otro que corresponda”. El nombre del futuro organismo que encabezará Vanossi sería “Registro de las Personas Jurídicas”. Lo que todavía no queda demasiado claro es cómo va a evitarse la superposición de funciones y facultades con la Inspección General de Justicia que ejerce la superintendencia sobre las sociedades constituidas en al Capital Federal.
Otro juez contra Macri
El juez en lo contencioso administrativo Roberto Gallardo hizo lugar a un recurso de amparo presentado por SUTECBA y ordenó al jefe de Gobierno Mauricio Macri que divulgue la lista de empleados excluidos de la gestión y los reincorpore. El fallo que que favorece a los 2.300 empleados con contratos vencidos en diciembre, es similar a la que adoptó hace unos días la jueza Elena Liberatori. Este nuevo fallo contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires llega luego de que SUTECBA y el Gobierno de Macri iniciaran la negociación paritaria que tratará la forma en que se llevará a cabo censo de los empleados municipales y la recomposición salarial. Cabe recordar que Gallardo nunca fue un juez "fácil" para el ejecutivo comunal. Tuvo duros enfrentamientos con el ex jefe de Gobierno Aníbal Ibarra, con quien se cruzó en más de una oportunidad. Tanto Gallardo como Liberatori forman parte de la ADEJU (Autoconvocatoria por el Derecho y la Justicia), una agrupación judicial que tiene como bandera la consigna de que los derechos sociales establecidos en la Constitución son exigibles al Estado en sede judicial. El grupo también está integrado por la jueza Patricia López Vergara, el juez Vicente Cataldo, el asesor de menores e incapaces Gustavo Moreno y el defensor de pobres Fernando Lodeiro Martínez. Los jueces de ADEJU representan el 25% de las decisiones judiciales del fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad ya que hay solamente 12 juzgados en el fuero. Según informó el gremio, otro de los jueces "anti Macri", Vicente Cataldo, habría concedido recursos de amparo a empleados cesanteados que se presentaron en forma individual.
Estallido fatal
El fiscal federal de Río Cuarto Alberto Saissac, pidió que se tomara declaración indagatoria a tres funcionarios de la facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de dicha localidad. Los involucrados son el decano Diego Moitre, el vicedecano, Carlos Bortis, y el secretario de Coordinación Técnica y Servicios, José Luis Pincini por su vinculación en el estallido en cadena de tambores de hexano en la facultad. El infortunio terminó con la vida de seis investigadores. Se los acusa del delito de estrago culposo agravado. El fiscal no solicitó disposición alguna para el rector y vicerrector de la universidad. El juez de la causa recibió el escrito y manifestó que después de analizar el expediente, dispondrá las medidas que correspondan. El estallido aconteció el 5 de diciembre pasado, donde resultaron heridas una veintena de personas con diferentes grados de gravedad. El último en fallecer, fue el propio director de las investigaciones, Miguel Mattea.
Scioli pide que la Justicia sea más severa
El Gobernador de la Provincia de Buenos Aires salió a pedir a la Justicia que juzgue con toda severidad a los delincuentes, luego de que se conociera la detención de cuatro sospechosos de haber cometido asaltos en Cariló y Pinamar. Recurriendo al clásico lugar común pidió que “los delincuentes no entren por una puerta y salgan por la otra” y pidió a la Justicia que aplique todo el peso de la ley. La ola de robos en distintas localidades de la Costa Atlántica generó la preocupación de las autoridades bonaerenses. El ministro de seguridad de la Provincia, Carlos Stornelli, había salido a desmentir hace algunos días que la cantidad de delitos hubiera aumentado en relación a años anteriores.
La Justicia Federal liberó a otro detenido en la causa “Estadio 99”
Una nueva persona fue liberada en el marco de la causa conocida como “Estadio 99” que investiga el decomiso de 1.100 kilos de cocaína que estaba escondida en planchas plásticas que se utilizan para proteger el césped de los estadios. La liberación fue ordenada este miércoles por el juez federal de Morón, Juan Pablo Salas, y ya son seis las personas que recuperaron su libertad. Mientras tanto siguen detenidas otras 12 que por orden del magistrado fueron trasladadas a cárceles del Servicio Penitenciario Federal. Uno de los detenidos es Ernesto Lorenzo quien habría sido chofer del ex represor Aníbal Gordon e integrante del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército durante la última dictadura militar.