El gobierno de la provincia de Buenos Aires avanza con la reforma penal. El jefe de gabinete bonaerense, Alberto Pérez, anunció que enviarán en febrero dos proyectos a la Legislatura. Uno propone que en 60 días se juzguen los delitos in fraganti en los casos de aquellas penas de menos de 15 años de prisión. La Ley de Flagrancia ya está vigente en 11 departamentos judiciales y la administración que conduce Daniel Scioli propone extender esa modalidad a toda la Provincia. El segundo proyecto, apuntará a reducir el trabajo del Tribunal de Casación Penal y que sólo analice los veredictos de los tribunales orales ya que actualmente está colapsado con unos 7000 expedientes sin resolver. Ambas iniciativas llegarán a la Legislatura el próximo mes para que sean tratadas durante el período extraordinario de sesiones.
El Gobierno promete cubrir las vacantes de jueces
El ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Aníbal Fernández, ratificó hoy que trabajará "fuertemente" para que se designen todos los cargos que faltan nombrar. "Hay un montón de vacantes que están pendientes y nosotros estamos tratando de cumplir con los plazos o achicarlos, ya lo he hablado con el presidente del Consejo de la Magistratura, y la idea es trabajar fuertemente para resolver todas las vacantes ", dijo el ministro en declaraciones radiales. La cantidad de vacantes a cubrir fue una asignatura pendiente que dejó el gobierno de Néstor Kirchner.
Oyarbide volvió al juzgado y rechazó el pedido de secuestro
El fiscal Luis Comparatore había pedido el secuestro de los casi 100 vehículos investigados, pero el juez Norberto Oyarbide, que se reintegró en forma imprevista de su licencia, rechazó el pedido. Hubiera sido difícil cumplir con el requerimiento del fiscal ya que la Justicia todavía no cuenta con los datos precisos sobre los autos sospechados. En cambio sí solicitó informes al Ministerio de Relaciones Exteriores sobre la situación en Argentina de los 81 funcionarios diplomáticos bajo investigación. Pidió también todos los legajos de los funcionarios que se desempeñan en la Dirección Nacional de Ceremonial, y en los Departamentos de Privilegios, Inmunidades, Acreditación, Guías Diplomáticas, Franquicias Varias, Patentes e IVA. La mira está puesta en quienes se desempeñaron en esas dependencias durante los períodos 2004 al 2007. Esta es la rama Federal de la causa, la que investiga los presuntos delitos de funcionarios públicos. La otra rama es la que se tramita en el fuero Penal Económico y está a cargo del juez Marcelo Aguinsky, que trabaja en el tema conjuntamente con la fiscal María Luz Rivas Diez. La causa se inició por denuncia de la Cancillería que detectó a través de la auditoría interna 25/07 irregularidades en el circuito de ingreso, circulación y nacionalización de los automotores importados al país con franquicias diplomáticas. Al conocer la denuncia del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Aduana hizo una presentación ante el fuero Penal Económico para que el hecho sea investigado como contrabando agravado, lo que originó la medida cautelar del juez Aguinsky que impide salir a los autos del país.
Nuevas pruebas
El relacionista público Gaby Álvarez y su asistente Ariel Coelho fueron otra vez detenidos en la comisaría 15 de La Barra en el marco de la investigación sobre el accidente que le costó la vida a dos argentinos en Punta del Este. El juez Juan Benítez había ordenado liberar a Álvarez sin embargo nuevas pruebas generaron la nueva detención. Según algunas versiones uno de los dos ocupantes del auto siniestrado, había activado el freno de mano en medio de una discusión, lo que finalmente ocasionó el accidente. Nuevas pruebas complicaron la situación de los implicados en el siniestro por lo que Álvarez fue nuevamente detenido y deberá volver a declarar ante el juez.
Corrupción en el Reino Unido
El ministro británico de Trabajo y Pensiones, Peter Hain, renunció por estar implicado en un caso de corrupción. Fue el primer miembro del gobierno de Gordon Brown en dejar su cargo por un escándalo sobre la financiación de los partidos políticos. El anuncio del ex ministro llegó horas después de que la Comisión Electoral traspasara a la policía, una investigación por el presunto cobro de donaciones no declaradas para su fallida campaña a la vicepresidencia del Partido Laborista. El acusado aseguró que no informó de los donativos en su momento a causa de problemas administrativos y manifestó su intención de “limpiar su nombre”.