Tras el incumplimiento de la medida cautelar que ordenaba garantizar el derecho a la vivienda de 50 familias desalojadas, el juez platense Luis Arias hizo efectivo el
apercibimiento contra el gobernador bonaerense Daniel Scioli y el intendente de Ensenada Mario Secco y les impuso astreintes por 800 pesos diarios.
El monto se le descontará a los funcionarios del sueldo que reciben por el cargo público que ocupan hasta tanto hagan efectiva la resolución judicial pendiente y reubiquen a las 300 personas que están sin vivienda desde el pasada 24 de enero.
Además, tal como lo había anunciado Arias en la intimación cursada el lunes, las actuaciones serán remitidas a una Unidad Funcional de Investigaciones para que se inicie una causa penal contra Scioli y Secco por desobediencia de orden judicial, incumplimiento de los deberes funcionario público y abandono de persona.
“Advierto que la inobservancia de la medida cautelar oportunamente ordenada, implica un desobedecimiento injustificado de la orden judicial, con graves consecuencias institucionales que se vinculan a la vigencia de la división de poderes y, en definitiva, al sistema republicano de gobierno que constituye la base de nuestra organización institucional”, expresó Arias en la nueva resolución.
El magistrado también explica que el intendente de Ensenada presentó un informe que demostraría la falta de disponibilidad de bienes inmuebles del municipio que imposibilitan la construcción de viviendas para alojar a los actores. Pero resalta que a pesar de ello tampoco ha ofrecido una alternativa para ubicar a las familias afectadas.
Y en ese sentido indicó que el objeto de cautelar “no implica necesariamente la construcción de nuevas viviendas, sino el otorgamiento de un lugar que cuente con condiciones sanitarias y de habitabilidad suficientes para el alojamiento de los actores”.
Luego de darse a conocer la sanción, desde el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ), que representó legalmente a los desalojados en la causa, afirmaron que la conducta de los funcionarios “constituye un delito de peligro para la vida o la salud de las personas, que arroja a familias enteras a condiciones y tratos inhumanos sumamente degradantes”.
El desalojo que llevó a iniciar la acción judicial en cuestión se produjo durante la madrugada del 24 de enero por medio de fuerzas policiales. La orden fue dictada por la jueza Marcela Garmendia, luego de que el intendente interino de Ensenada Luis Blassetti denunciara penalmente por usurpación a las 50 familias que habitaban un barrio Fonavi de esa localidad.
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