“Los Magistrados del Ministerio Público a cargo de la defensa técnica de las mujeres privadas de libertad reciben a diario pedidos de asistencia jurídica sobre cuestiones que exceden el ámbito de su actuación en el fuero penal”, explica la resolución firmada por la defensora general, Stella Maris Martínez, y que dio nacimiento a la comisión
El programa se aplicará, en una primera etapa, en las unidades del Servicio Penitenciario Federal Nº 3 y 31. Está a cargo de la prosecretaria letrada Inés Aldanondo que el viernes de hizo cargo del programa. Y el objetivo central será “brindar asesoramiento y asistencia jurídica en materia extra-penal, a las mujeres detenidas”
La idea buscará también reforzar el vínculo de las madres presas con sus hijos, una relación frágil estando detenidas. El programa se empezó a idear a partir de información recolectada por otras comisiones de la Defensoría General que trabajan en el ámbito penitenciario y sobre temáticas de mujeres como la Comisión de Cárceles, el Programa de Atención a Problemáticas Sociales y Relaciones con la Comunidad y la Comisión sobre temáticas de género.
Si bien la Defensoría cuenta con defensores oficiales civiles que se podrían hacer cargo de las inquietudes, la resolución destaca que esos funcionarios tienen un cúmulo de tareas que resulta “un hecho que dificulta las entrevistas con las internas en sus lugares de detención”.
Los hombres presos también elevaron consultas vinculadas a otros procesos judiciales que no tienen que ver con lo penal. Pero en términos cuantitativos, la problemática es mayor entre las mujeres, destaca la resolución. Sin embargo, especifica que en función de los datos que arroje el trabajo de la comisión sus tareas podrán hacerse extensivas a los penales de varones.
El trabajo de la comisión también podrá extenderse a las provincias. Para eso la resolución dispone que “se impulsará la firma de convenios de cooperación con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, asociaciones civiles y otras instituciones cuyos objetivos sean la asistencia jurídica en las jurisdicciones provinciales”.