Según un informe dado a conocer por el Consejo de la Magistratura de la Nación, los juzgados federales y nacionales de todo el país tienen a su disposición 408 procesados con prisión preventiva prorrogada.
Los números surgen del Registro de Detenidos con Prisión Preventiva que lleva adelante el Consejo, en cumplimiento de la ley 24.390 y 25.430. Esas normas obligan a los juzgados a informar la situación de aquellos que llevan más de dos años detenidos sin tener condena firme.
En el informe anual de 2007, que el Secretario General del Consejo presentó al plenario del cuerpo, se puede observar como la mayoría de los que están en esa condición son procesados por estupefacientes y los vinculados a los delitos de lesa humanidad.
Es así como en el registro aparece, por ejemplo, el represor Jorge Rafael Videla, que está detenido desde el 13 de julio de 1998 a disposición del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal 7. Como así también, en el juzgado 12 del mismo fuero, están con prisión preventiva otros personajes vinculados a delitos cometidos durante la última dictadura militar: el Tigre Acosta, Pernías y Astiz, entre otros.
El funcionamiento de este registro informático solo se aplica a los detenidos con prisión preventiva prorrogada. Actualmente son 65 los juzgados de todo el país que están registrados para remitir información al sistema y solo tres están a la espera de adherirse, el Juzgado Federal de 3 de Febrero y el 1 y 2 de Lomas de Zamora.
A partir de la implementación de este registro, que funciona desde mediados de 2007, la diputada y consejera Diana Conti presentó un proyecto con el objetivo de extender el sistema a todos los detenidos y tener un “control absoluto de las personas privadas de la libertad”.
“La falta de un sistema que permita conocer una nómina completa de todos los detenidos es una deficiencia que genera innumerables complicaciones, en incluso situaciones en extremo injustas, como la del menor Bosca”, expresó Conti en su iniciativa.
El caso Bosca es el del menor que fue absuelto por el Tribunal Oral de Menores 1 en diciembre de 2004, pero los jueces Arias, Jantus y Albano se “olvidaron” de ordenar la libertad y permaneció detenido hasta agosto de 2005, cuando el Servicio Penitenciario advirtió que le “sobraba un preso”.
La propuesta de Conti es establecer, sobre la misma estructura del registro vigente, un sistema que permita conocer la totalidad de personas privadas de la libertad por orden de los jueces nacionales y federales. Estando el mismo interconectado con el Servicio Penitenciario Federal.
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