La magistrada del fuero en lo contencioso administrativo había hecho lugar así a una acción de amparo presentada por la Fundación Poder Ciudadano, que había intentado infructuosamente recopilar las declaraciones juradas desde el 24 de mayo, en plena campaña electoral.
La ley establece que los senadores deben realizar la presentación de sus declaraciones a la Comisión de Ética Pública del cuerpo, que aún no fue creada. Por eso, la Secretaría Administrativa envió el pedido al departamento jurídico del Senado, que dictaminó que la secretaría sólo tenía la guarda de esa información y que Poder Ciudadano debería pedirle a cada senador su correspondiente estado patrimonial. De los 69 legisladores, sólo 23 aceptaron brindar la información a esa fundación, exactamente un tercio. El resto alegó que habían cumplido con la norma al entregar la información a la secretaría, un argumento que fue reiterado en la apelación que presentaron el miércoles y que ahora tendrá que resolver la Cámara del fuero.
La misma ley de Ética Pública incorporó al Código Penal el artículo 268 ter, que impone la pena de prisión de quince días a dos años e inhabilitación especial perpetua a quien “en razón de su cargo, estuviere obligado por ley a presentar una declaración jurada patrimonial y omitiere maliciosamente hacerlo. El delito se configurará cuando mediando notificación fehaciente de la intimación respectiva, el sujeto obligado no hubiere dado cumplimiento a los deberes aludidos dentro de los plazos que fije la ley cuya aplicación corresponda”.
Por otra parte, Poder Ciudadano presentó hoy un informe en el que concluyó que “el Senado es una institución inmonitoreable”, donde según la Fundación “no hay canales adecuados ni voluntad política de brindar información pública”.
Carlos March, director Ejecutivo de Poder Ciudadano sostiene que “después del escándalo en la Cámara Alta, la actitud de los senadores no cambió. No brindan información sobre sí mismos ni permiten el ingreso a sus reuniones de comisión. Fiscalizar sus tareas, eficiencia y transparencia, es prácticamente imposible”.
El objetivo del monitoreo fue obtener una radiografía del funcionamiento de la institución que permitiera contar con información confiable sobre sus fortalezas y debilidades. El trabajo, realizado por más de 30 voluntarios, apuntó a tres áreas: la asistencia a las sesiones plenarias, a las reuniones de las comisiones y los pedidos de información pública.