El defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, le pidió a la Justicia que haga extensible el fallo “Badaro” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a todos los jubilados. Se trata de la decisión del Máximo Tribunal mediante la que ordenó el ajuste del haber jubilatorio de Adolfo Badaro, declaró la inconstitucionalidad del art. 7 inciso 2 de la ley 24.463 de solidaridad provisional que le permitía al Congreso Nacional fijar la movilidad, y exhortó al Parlamento a que dicte una ley que regule las pautas que garanticen la movilidad de dichos haberes. La presentación es de carácter colectivo y fue presentada este miércoles ante la Cámara Federal de la Seguridad Social. La misma medida presentó la semana pasada ante la ANSES la defensora del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires, Alicia Pierini.
La Corte ordenó un embargo contra una provincia
La Corte Suprema ordenó que se trabe un embargo contra los fondos coparticipables destinados a la provincia de Tucumán por más de 964 mil pesos. Los mismos, fueron asignados a la ejecución de una sentencia que dispuso el pago de una indemnización por daños y perjuicios a una persona accidentada mientras viajaba en el tren denominado “El Tucumano”. Los ministros del Máximo Tribunal, entendieron que tanto la postergación en el tiempo del crédito reclamado como la forma de pago pretendida por el Estado provincial, frustrarían la finalidad esencial del resarcimiento de daños a la integridad psicofísica del afectado.
La Justicia obliga a Scioli
El juez platense Luis Arias le ordenó al gobierno de la provincia de Buenos Aires disponer diariamente, y en forma gratuita, el traslado a los centros escolares de los menores cuyas familias fueron desalojadas de un barrio de Ensenada el pasado 24 de enero. Este nuevo pronunciamiento del titular del juzgado 1 en lo Contencioso y Administrativo, que tiende a garantizar el derecho a la educación, se embarca en el amparo presentado por los damnificados para que se les garantice el derecho a una vivienda digna. En esa causa, Arias dispuso el mes pasado que el Ejecutivo provincial aloje a las familias en centros hoteleros o pensiones hasta tanto se resuelva el fondo de la cuestión. Como las mismas ahora están viviendo a gran distancia de los establecimientos escolares donde concurren los menores, el magistrado entendió que ello “pone en riesgo la continuidad educativa de treinta y seis niños afectados”. TEXTO COMPLETO
Por orden de la Justicia volvieron las clases en San Juan
La Justicia sanjuanina ordenó a los docentes a dictar clases en las escuelas, luego del paro de dos días dispuesto por el gremio en rechazo al aumento salarial ofrecido. Si bien la ministra de educación de la Provincia reconoció que el conflicto no estaba solucionado, se mostró conforme con el acatamiento del gremio al dictamen judicial. La decisión fue tomada por el juez civil Roberto Pagés que intimó a UDAP a "cesar en la actitud que impide la prestación del servicio educativo".
Un 60% de condenados en la Provincia, no tienen estudios
Así lo manifestó el ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Ricardo Casal, en ocasión de inaugurar el ciclo lectivo en la unidad número 9 de La Plata. El acto fue encabezado también por el director general de Cultura y Educación bonaerense, Mario Oporto, que destacó que la educación tiene que ayudar a los presos en la difícil tarea de reinsertarse cuando cumplieron su condena. En la unidad número 9 hay unos mil internos que cursan estudios en los diferentes niveles primario, secundario, terciario, formación profesional y universitarios.