A partir del próximo 1 de mayo, Nicolás Reyes, Administrador General de la Corte, cesará en su cargo. El funcionario cuenta con 13 años de actuación y muchas veces fue reconocido como el "10° ministro" de ese cuerpo, atento a las delicadas tareas que solían encomendársele. La misma Corte le manifestó su reconocimiento “por los inestimables servicios prestados durante más de una década, a este Tribunal y al conjunto del Poder Judicial de la Nación”. Reyes fue nombrado en agosto de 1995 en un cargo con jerarquía equivalente a la de "Secretario General" y bajo dependencia directa del presidente de la Corte. Su función era administrar los fondos que recibe el Poder Judicial por parte del Ejecutivo y monitorear su aplicación presupuestaria. Su salida no causa sorpresa, ya que los ministros seguían con atención la evolución de su delicado estado de salud, por el que debió padecer una internación en el Instituto del Diagnóstico de la Capital Federal.
Torres ordenó nuevas detenciones
En el marco de la Megacausa ESMA, el juez federal Sergio Torres ordenó este martes la detención de más de quince oficiales de la Armada, Policía y miembros de la Prefectura Naval, quines están sospechados de haber cometidos delitos de "lesa humanidad" en el centro clandestino de detención que funcionaba en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA) durante la última dictadura militar. Las órdenes de detención fueron libradas para los marinos Luis Wis Navarro, Rodolfo Remoti, José Néstor Estévez, Leopoldo Suárez del Cerro, Mario Palet, Rubén Franco, Eduardo Girling, Edgardo Aroldo Otero, Ricardo Lynch Jones, Alberto Vigo, Carlos Daviou y Miguel García Velazco; los oficiales de la Armada Miguel Angel Alberto Rodríguez, Julio Binotti y Carlos Octavio Capdevilla. Además Jorge Manuel Díaz Smith, de la Prefectura Naval, y los policías Juan Carlos Fotea (extraditado desde España en 2007) y Claudio Pittana. Una vez que se concreten las detenciones, el juez Torres tiene previsto tomarles declaración indagatoria.
El ministro de Seguridad de San Luis recuperó su libertad
El coronel Guillermo López, ministro de Seguridad de San Luis, recuperó su libertad durante la medianoche del lunes, luego de haber presentado un hábeas corpus. Estaba detenido por orden de la jueza del Crimen, Carina Gregoraschuk, por estar acusado de del delito de robo calificado, así como de incumplimiento de los deberes de funcionario público y desobediencia, cuando se desempeñaba como director del Servicio Penitenciario provincial, en el 2007. También se lo acusa de haber permitido la salida de un interno que luego delinquió. El funcionario presentó el hábeas corpus ante la Cámara de Apelaciones número 2 y al mismo tiempo recusó a la magistrada.
Una menos para Felisa
El fiscal Miguel Ángel Osorio le pidió al juez Sergio Torres, que desestimara una denuncia presentada contra la ex ministra de Economía vinculada al incumplimiento de una sentencia que obligaba al Estado a abonar una deuda contraída con el Grupo Greco. Los denunciantes reclaman una indemnización de 600 millones de pesos en bonos que habría ordenado un juez del fuero civil y comercial en agosto del 2005. Sin embargo, el fiscal sostuvo que "el incumplimiento de lo ordenado por el juez no puede ser considerado un delito. No entenderlo así, podría implicar que el incumplimiento de cualquier obligación civil, comercial, laboral, terminara como objeto de un proceso penal". En consecuencia, solicitó la desestimación de la denuncia "por inexistencia de delito", aunque dejó abierta la posibilidad de que en el futuro se abra una nueva investigación si existieran nuevos elementos probatorios. El Grupo Greco fue liquidado por la dictadura militar, luego Alfonsín ordenó su indemnización lo que nunca ocurrió, motivo por el que se demandó al Estado y se obtuvo una sentencia favorable.
Le rechazaron el pedido de eximición de prisión
La Cámara de Apelaciones de Dolores rechazó el pedido de eximición de prisión que presentó el intendente de Pinamar, Roberto Porretti acusado de un pedido de coima para beneficiar a los dueños de los boliches Ku y Alma por el que ya está detenido el secretario de Gobierno de Pinamar, Aldo Leonián. El abogado de Porretti, José Ochoa, anunció que apelará la resolución a la Cámara de Casación Penal de la Provincia, lo que según el letrado, frenará la detención del intendente.
Aplican el sistema IURIX en una nueva jurisdicción
El sistema tecnológico IURIX, que permite acceder a las causas desde internet, comenzó a aplicarse en una nueva circunscripción de Corrientes. Se trata de Curuzú Cuatiá, la tercera cabecera judicial de la Provincia que aplica este sistema; las dos primeras fueron la Capital y Goya y resta implementarse en la cuarta, Paso de los libres. El sistema IURIX permite acceder a cualquier causa desde internert y conocer su estado procesal y sus avances. La digitalización de los expedientes permite el seguimiento efectivo de expedientes, la descongestión de mesas receptoras y la reducción de los errores administrativos, entre otras ventajas.