El caso por la detención ilegal y torturas contra Juan Carlos Bayarri, sospechoso de haber secuestrado a Mauricio Macri en 1991, estará frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Máximo Tribunal de la OEA realizará entre el 28 de abril y el 1 de mayo el 23º período extraordinario de sesiones, y en la agenda tiene previsto desarrollar los últimos pasos procesales antes de dictar sentencia en un caso que le podría costar al país 117 millones de dólares.
El 29 de abril próximo, la Corte escuchará en audiencia pública las declaraciones de los testigos y peritos propuestos por la Comisión Interamericana y los representantes de la víctima. Además, se producirán los alegatos finales orales de la Comisión, de los abogados de Bayarri y de Argentina para resolver, entre otros puntos, la excepción preliminar opuesta por los representantes del país, que sostienen que aún la víctima no ha agotado las instancias judiciales internas necesarias para acceder a la jurisdicción internacional.
Si la denuncia de la Comisión prospera y se hace lugar al reclamo de Bayarri, Argentina deberá indemnizar a la víctima y a sus familiares con 117 millones de dólares. En tanto que se convertiría en la segunda condena contra el país, desde que en 1984 reconoció la jurisdicción de la Corte Interamericana. No pareciera sorprender, o sí, que las dos sentencias condenatorias anteriores también involucraron a la Policía Federal.
La primera, en 2002, la CIDH condenó al Estado a indemnizar a la familia de Walter Bulacio, el joven que en 1991 fue torturado y asesinado por la Policía tras un recital de los Redonditos de Ricota. La segunda sentencia data de marzo de 2007, donde la Corte responsabilizó a la Argentina por la detención ilegal y torturas contra Juan Bueno Alves, a quien, en 1988, un grupo de policías le aplicó tormentos para que confesara una estafa.
La causa Bayarri llegó a la CIDH el 16 de julio de 2007 cuando la Comisión presentó la demanda contra el Estado argentino por la presunta detención ilegal y arbitraria de Juan Carlos Bayarri, que en 1991 fue sospechado por la Policía Federal de haber secuestrado al actual Jefe de Gobierno porteño Mauricio Macri.
Argentina está complicada por las torturas aplicadas contra Bayarri por parte de agentes policiales, y por haber mantenido en prisión preventiva por casi 13 años al denunciante, que luego fue absuelto por la Cámara Federal.
En la demanda, la Comisión solicitó a la Corte que declare que el Argentina es responsable por la violación de los derechos consagrados en los artículos 7 (Derecho a la Libertad Personal), 5 (Derecho a la Integridad Personal), 8 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la Convención Americana, en relación con la obligación establecida en el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de la misma.
Vale señalar, que los juicios impulsados por la Comisión Interamericana ante la Corte no son moneda corriente y los números lo demuestran: durante 2007 solo 34 demandas fueron presentadas ante el alto tribunal y de ellas menos de la mitad (14) están cerca de la sentencia.
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